Bárcenas atribuye la caja B a Rajoy y a los secretarios, de Cascos a Cospedal

Sin dar ningún nombre, Luis Bárcenas descargó ayer sobre Mariano Rajoy y todos los secretarios generales del PP, desde Francisco Álvarez-Cascos hasta Dolores de Cospedal, la responsabilidad de la caja B que el juez Pablo Ruz consideró acreditada al cerrar la investigación sobre la doble contabilidad.

En un recurso contra el auto en el que el instructor le imputa varios delitos, el extesorero niega que él fuera el responsable de la caja B del PP durante los 19 años que abarca la investigación y en los que recaudó cerca de ocho millones de euros.

Bárcenas culpa a Rajoy, como presidente, y Cospedal, como secretaria general, de que el partido no tributara por las donaciones ilegales recibidas en 2008 (más de un millón), las únicas que no han prescrito.

Bárcenas afirma que él nunca se encargó de las liquidaciones ante Hacienda, ya que esta labor correspondía a sus administradores, quienes serían entonces los verdaderos responsables del delito fiscal que pudo cometer el partido al no declarar los donativos de los empresarios.

En un recurso contra el auto de procesamiento del juez por la supuesta contabilidad paralela, Bárcenas se defiende de los delitos fiscales que le imputa el magistrado por la caja B.

En concreto, argumenta que de tributar se encargaban los "administradores o legales representantes" del Partido Popular, a los que el congreso nacional atribuye "las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido".

Esos administradores o legales representantes serían, según el artículo 55 de los estatutos del partido, el presidente y el secretario general. "Bárcenas no fue responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones" del Partido Popular ante la Agencia Tributaria, afirma en el recurso su abogado, Francisco Maroto, quien subraya que "los criterios jurídicos tributarios establecidos por el PP recaen en otros sujetos intervinientes y no en la figura del gerente y tesorero".

La descripción de Bárcenas sobre los representantes legales reproduce una resolución del congreso del Partido Popular celebrado en 2008, donde se establece que los poderes generales y las habilitaciones generales corresponden a Rajoy y a Cospedal. La número dos firmó después un acta notarial cediendo la mayoría de esos poderes a Bárcenas, que acababa de ser nombrado tesorero.

Ruz atribuye al PP haber colaborado a un fraude fiscal de la empresa Unifica por pagarle con dinero negro la reforma de su sede nacional, y cree que hay indicios de otro delito fiscal, en calidad de autor, por los donativos de empresarios que Bárcenas anotó en 2008 en su contabilidad manuscrita y que no se tributaron en el impuesto de sociedades. Según el juez, de ambos delitos responderían el tesorero y el gerente, Bárcenas y Álvaro Lapuerta, como administradores del mismo.

Ahora, la defensa del extesorero afirma, por un lado, que de las diligencias practicadas no han acreditado ningún delito contra la Hacienda pública y añade que en los donativos de 2008 no declarados Bárcenas no era el administrador o representante legal del PP, como sostiene el juez.