Los socialistas llevan al Constitucional la ley de Seguridad y la prisión permanente

El PSOE presentará en los próximos días sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Seguridad Ciudadana y los artículos del nuevo Código Penal que establecen la prisión permanente revisable como máxima pena, tras su aprobación este jueves por las Cortes junto al pacto antiyihadista y el paquete de normas contra la corrupción.

El portavoz Antonio Hernando criticó la actitud del Gobierno de inclinarse por textos que restringen los derechos individuales y la libertad de expresión y dan prioridad a las sanciones. En el caso de la ley de Seguridad, tachada por la oposición de "mordaza", el PSOE considera que se trata de una "vuelta al estado policial" que vulnera diversos artículos de la Constitución (18, 21, 25, 24 y 104).

"El Gobierno quiere condenar al disidente, al adversario ideológico. Su objetivo es desalentar la protesta y a los ciudadanos que se quejan por las medidas y las políticas del Gobierno", censuró Hernando. A su juicio, con la nueva ley, "las libertades son menos y hay más vulneración de los derechos".

Hernando afirmó que la norma amplía la cobertura a las fuerzas de seguridad para actuar al margen del juez. Además de rechazar el concepto de "tranquilidad pública" del que habla la ley, el PSOE critica que se utilice "una terminología ambigua que genera inseguridad jurídica" y que se establezca un derecho sancionador preventivo sobre manifestaciones y sentadas.

Preguntado si el PSOE recurrirá ante Constitucional el apartado de la ley que legaliza los rechazos en frontera de inmigrantes irregulares -llamadas devoluciones en caliente-, Hernando explicó que aún no se ha adoptado una decisión firme, pero que "probablemente" se tome.

En cuanto a la prisión permanente revisable, el portavoz justificó el recurso en que la cadena perpetua afecta a "la dignidad de las personas" e incumple los principios de reinserción y reeducación de los condenados.

El acto arrancó con los asistentes amordazados con las telas azules con las que la plataforma No Somos Delito denuncia desde hace año y medio la reforma de la ley de Seguridad.