Aprobados el nuevo Código Penal, la "ley mordaza" y el paquete anticorrupción

El Pleno del Congreso dio ayer luz verde al nuevo Código Penal con el apoyo del PP y el rechazo en bloque de la oposición, quien definió la jornada de "día negro" para la sociedad por la aprobación definitiva de la reforma, que reintroduce la "cadena perpetua" mediante la prisión permanente revisable.

El PP sacó adelante las cinco leyes clave de la legislatura: el nuevo Código Penal, la de seguridad ciudadana que castiga 27 conductas con multas de 600 a 600.000 euros, según se las considere faltas graves o muy graves; el pacto antiyihadista y la de financiación de partidos y el estatuto de altos cargos, éstas dos dentro del plan de regeneración y de lucha contra la corrupción.

Con 181 votos a favor y 138 en contra y dos abstenciones, el Congreso puso punto final a un año y medio de tramitación del nuevo Código Penal, que endurece penas y amplía la tipificación de la corrupción. Las asociaciones de víctimas y familiares de las jóvenes asesinadas Sandra Palo, Marta del Castillo y Mari Luz Cortés agradecieron la prisión permanente, que, según el PP, apoyan dos tercios de españoles.

La socialista Rosa Aguilar acusó al Gobierno de reinstaurar la "cadena perpetua". Gaspar Llamazares (IU) recordó que "fue abolida por Primo de Rivera" . Contundentes fueron CiU, UPyD, el PNV y el Grupo Mixto.

El texto eleva de 13 a 16 años la edad de consentimiento sexual, suprime las faltas e introduce el delito de financiación ilegal con multa para las donaciones ilegales que no superen los 500.000 euros y prisión para las superiores.

La norma aumenta las penas para los delitos de corrupción, prolonga los plazos de prescripción y de inhabilitación y obliga a devolver el dinero sustraído para acceder a la libertad condicional. Asimismo, fija medidas de libertad vigilada de tres a cinco años para asesinatos graves y violencia machista.

Con toda la oposición en contra, se aprobó la ley de Seguridad Ciudadana, sobre la que planea la amenaza de derogación. Tachada de "represiva" a pesar de que ha sido suavizada, la norma estrella de Interior permite la "devolución en caliente" de inmigrantes, la identificación de personas con el rostro cubierto, regula los cacheos, fija en un plazo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación y multa con 30.000 euros las manifestaciones ante el Congreso.

Lo que eran faltas se convierten en infracciones administrativas, que serán muy graves (multadas de 30.001 a 600.000 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 600 euros). Para la oposición, su objetivo es amordazar la protesta en las calles.

También salió adelante el pacto antiyihadista PP-PSOE sin sumar más apoyos que los de Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN. El texto hace hincapié en combatir los nuevos métodos de captación y adiestramiento del terror islamistas. Penaliza a los combatientes que se desplazan a zonas de conflicto y a los "lobos solitarios".

Tres de las leyes del plan de regeneración quedaron aprobadas tras un debate marcado por el fin de la instrucción del "caso Bárcenas". Se tipifica el delito de financiación ilegal y se prohíben las donaciones de empresas a partidos. Se fija en 50.000 euros, la mitad que ahora, la donación máxima de personas físicas, y los partidos deberán publicar las superiores a 25.000 euros. Se prohíbe a los altos cargos el uso de las tarjetas, se limitan sus gastos de representación y para combatir las puertas giratorias la ley fija en dos años la espera de los exmiembros del Gobierno para integrarse en consejos de administración.