El Supremo impone tres años de cárcel a ocho condenados por el asedio al Parlament
Los jueces de la Audiencia que los habían absuelto excarcelaron a Potros y a Plazaola
agencias
El Tribunal Supremo impuso ayer tres años de cárcel, por delito contra las altas instituciones del Estado, a ocho de los participantes en el asedio al Parlament en 2011, en un fallo que anula parcialmente las absoluciones acordadas por la Audiencia Nacional. El alto tribunal basa la condena en que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden neutralizar otros derechos; en concreto, el de participación política a través de los representantes legítimos. Así, aunque la Audiencia absolvió a 19 acusados por el asedio, el Supremo considera que aquel fallo no ponderó adecuadamente los derechos en conflicto.
De este modo, el alto tribunal anula en parte aquella sentencia y condena a ocho de los acusados cuyas conductas considera especialmente graves: José María Vázquez Moreno, José López Cobos, Ángela Bergillos, Jordi Raymond, Ciro Morales, Olga Álvarez, Rubén Molina y Carlos Munter. Unas 300 personas protestaron anoche contra el fallo frente a la sede de la Generalitat.
Los incidentes se produjeron el 15 de junio de 2011, durante una concentración ante el Parlament contra los recortes sociales convocada por el movimiento 15-M, que derivó en situaciones de asedio a parlamentarios, entre ellos los presidentes de la Cámara, Núria de Gispert, y la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que ser trasladado en helicóptero. Se da la circunstancia de que los dos jueces de la Audiencia que absolvieron a los acusados por el asedio, Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez, firmaron también el pasado diciembre la excarcelación de los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, consideró que "una parte muy notable" de la ciudadanía "no entendería que quedase en nada" el asedio al Parlament, pero ERC, ICV-EUiA y la CUP juzgaron la condena "desproporcionada". La defensa de los ocho condenados anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional al entender que se trata de una sentencia "ideológica".
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