Rafael Catalá, que asumió la cartera de Justicia hace tres meses, no habla de prisas, pero su calendario apunta a enero como un hervidero de reformas, entre ellas la Ley de Tasas. Asegura que 2015 será el año de los medios humanos para la justicia gracias a una nueva oferta de plazas y el año, también, de las nuevas tecnologías en los juzgados. De sus palabras se desprende que será el ejercicio del endurecimiento de las penas por corrupción y de los cambios procesales para evitar instrucciones eternas y las macrocausas. Cree que la imputación de un político no debe ser su destierro de la vida pública.
- ¿Qué medidas prevé en 2015 para afrontar la carga de trabajo en los tribunales donde la litigiosidad está por encima de la media marcada por el Poder Judicial?
- Nuestro proyecto de mejora de la justicia se basa en tres ejes. Primero, las reformas legales; de ahí que hayamos presentado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para intentar agilizar las causas penales y que los jueces se puedan dedicar a las causas más relevantes y resolver de forma más ágil asuntos menores. En segundo lugar, dotarles de más medios personales. Acabamos de crear 282 plazas de unidades jurisdiccionales; además de jueces vamos a crear en breve nuevas plazas de fiscales y la oferta de empleo público permitirá incorporar nuevos funcionarios y transformar interinos en estables. La tercera de las piezas son más medios materiales, seguir invirtiendo en reformas en las sedes judiciales, a lo que vamos a dedicar 19 millones de euros. Otros 60 irán a la incorporación de las nuevas tecnologías para agilizar la comunicación de los juzgados.
- ¿Se está planteando juzgados para asuntos económicos con gran número de afectados?
- Me refiero a estos casos porque son los que han puesto de manifiesto una sobrecarga en un momento dado. Estamos planteando que esos asuntos no vayan a reparto ordinario, sino que se especialice alguno de los juzgados para llevarlos con mayor agilidad.
- ¿Cuánto ha caído la litigiosidad desde la implantación de las tasas judiciales?
- No ha descendido con carácter general. Por eso me he comprometido a revisar las tasas, previo estudio de su impacto en el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. No creo que haya una lectura directa entre tasas y caída de la litigiosidad; de hecho, hay incremento en algunas materias, aunque haya tasas.
- ¿Las va a eliminar?
- Uno de mis primeros compromisos fue su revisión.
- ¿Se van a someter a tasa otros servicios a cambio de revisar a la baja las tasas judiciales?
- Eso no se lo puedo contestar todavía. El mes de enero es muy importante para este ministerio. Vamos a tener Código Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y Ley de Tasas. Un conjunto de medidas en las que estamos trabajando y en las que en menos de un mes tendremos decisiones.
- ¿Ha previsto su ministerio más jueces, fiscales y funcionarios para agilizar los juzgados que instruyen los casos de corrupción?
- Están previstas en la oferta de empleo público 100 plazas de jueces y fiscales de nueva creación para 2015. En este momento están en la escuela 35 jueces que tomarán posesión en junio y quedan las convocatorias de oposiciones para marzo o abril. En el tema de los funcionarios, también hay que hacer mejoras procesales para que la lucha contra la corrupción permita la dedicación exclusiva de jueces y fiscales. Por ejemplo, cuando fijamos plazos máximos de instrucción lo hacemos con un paquete de medidas que van a permitir que todas las faltas sin autor conocido puedan ser tramitadas de forma administrativa; o que los juicios de seguridad vial por estado de embriaguez sean más rápidos.
- ¿Y no sería adecuada la creación de juzgados especializados contra la corrupción?
- Eso es un buen debate. En la Audiencia Nacional existen esos juzgados centrales para la lucha contra las redes organizadas o corrupción singular. Creo que en estos momentos la singularidad de este tipo de delitos nos hace pensar que con reformas procesales, más medios tecnológicos y con más creación de plazas es dar una respuesta suficiente. Porque crear juzgados especializados para cada tipo de delincuencia conllevaría una superespecialización que no sería muy eficiente porque esos casos pueden tener un momento temporal de mucha carga de trabajo, pero al final no son tantos.
- Y dentro de las medidas para agilizar los casos complejos, ¿no hay ninguna que aborde la paralización que se deriva de los recursos presentados por las defensas?
- Nuestro sistema procesal es muy garantista. Nosotros pretendemos reformas procesales pero sin influir un ápice en esas garantías. Y lo que se establece con unos plazos máximos en la instrucción es un compromiso por parte de la justicia de finalización, que cada delito sea una causa y que no haya macrocausas.
- ¿Es partidario de apartar de la primera línea política a los políticos imputados por corrupción?
- Creo que la imputación no es el momento procesal a partir del cual se tenga que derivar una consecuencia política de cese o de apartar a los cargos, porque aunque la imputación tiene un carácter social negativo, no es más que una comparecencia con asistencia letrada. Creo que esa consecuencia política debería estar más ligada a una acusación formal o bien a la apertura de juicio oral.
- ¿Entiende que la sociedad interprete como una injerencia política que el Gobierno aparte al juez Ruz del "caso Gürtel"?
- El juez Ruz está cubriendo una plaza en comisión de servicio desde hace bastante tiempo. Lo normal es que las plazas vacantes se convoquen y se cubran con quien más méritos tenga. Estar cubriendo una plaza por comisión de servicio durante un tiempo muy largo es justo lo no habitual. La excepcionalidad no está en que se convoque la plaza, sino en que no se haya convocado antes, que hubiera sido lo más natural. Dicho eso, el juez que cubra la plaza del Juzgado Central Número 5 será un juez profesional, con sus méritos por su trayectoria y el juez Ruz podrá continuar si lo solicita en ese juzgado como juez de refuerzo. Lo más importante es que los casos de corrupción que tramita el juez Ruz u otros jueces puedan terminar cuanto antes. Es más importante darle herramientas a los jueces para agilizar las instrucciones complejas que mantener a los jueces provisionalmente durante años.
- ¿Considera eficaz la Ley de Violencia de Género después de un año como 2014, con 50 muertes por violencia machista en España?
- Que haya habido 50 muertes significa que hay que seguir trabajando en la mejora de los instrumentos que tenemos y por la parte que le toca al Ministerio de Justicia vamos a revisar el Código Penal. Habrá una mejora de algunos tipos penales, por ejemplo asociados al matrimoniado forzado, o a los condenados por maltrato que manipulan las pulseras que garantizan el alejamiento, lo que supondrá un agravante. O que se recoja con mayor detalle la difusión de imágenes íntimas aunque hayan sido captadas de forma consentida. Y en general, trabajar más en la sensibilización social, en la educación y en la concienciación de los jóvenes.
- ¿Veremos en enero aprobada la reforma del Código Penal con su polémica medida de prisión permanente revisable?
- En enero lo aprobará el Congreso de los Diputados, espero, y luego irá al Senado y será ya aprobado definitivamente en abril. Espero que consigamos el consenso con otros grupos parlamentarios. El Gobierno apoyará la prisión permanente revisable porque creemos que es una figura plenamente constitucional prevista para delitos de especial gravedad que generan gran rechazo en la sociedad. Ha informado favorablemente la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. A su vez se ha previsto un sistema de revisión. No es una cadena perpetua como algunos la quieren descalificar.
