Tras la aprobación de la ley de consultas por el Parlament este viernes por la tarde, puede ser publicada en cualquier momento en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), un trámite que cobra relevancia ya que, solo a partir de entonces, el presidente de la Generalitat podrá convocar la consulta del 9 de noviembre.
La previsión es que el DOGC se publique como muy tarde el lunes -podría hacerse uno extraordinario entre el viernes por la tarde y el domingo- y que Mas firme el decreto de convocatoria inmediatamente después.
En cuanto esto se produzca, el Gobierno tiene previsto presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Si la publicación en el Diario Oficial de la comunidad autónoma tiene lugar este mismo sábado por la mañana, el Consejo de Ministros se reunirá a continuación para aprobar el recurso, lo que podría suceder por tanto por la tarde. Formalmente, es el presidente del Gobierno quien ordena la interposición de los recursos, una vez oído el Consejo.
Fuentes del Ejecutivo insisten en que se desconoce el calendario porque se desconoce cuándo darán los pasos las instituciones catalanas. Lo que aseguran es que el recurso será inmediato una vez que la ley entre en vigor y sin esperar a la firma por el presidente catalán, Artur Mas, de un decreto para convocar la consulta independentista el día 9 de noviembre.
El Gobierno ha mantenido desde el principio que también recurrirá esta convocatoria, lo que puede hacer de manera paralela o conjuntamente con el recurso contra la ley de consultas. Pero cómo y cuándo lo haga dependerá del calendario que siga Artur Mas.
El Ejecutivo tiene previsto actuar con rapidez. En cuanto la ley se publique, se solicitará dictamen al Consejo de Estado, un requisito obligatorio para poder presentar el recurso. Puede ser el presidente del Gobierno o el propio ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien lo requiera.
Las mismas fuentes han explicado que el citado órgano consultivo se reunirá inmediatamente para aprobar el dictamen y enviarlo al Gobierno. El trámite podría ser rápido porque ese documento se encuentra prácticamente redactado, dada la jurisprudencia, los antecedentes y el conocimiento que se tiene de la ley de consultas durante su tramitación parlamentaria.
Una vez recibido este dictamen, el presidente del Gobierno reunirá al Consejo de Ministros y ordenará la presentación del recurso, acompañada de la solicitud de suspensión inmediata de la ley. El Pleno del Tribunal Constitucional que debe admitirlo a trámite tiene reunión ordinaria la próxima semana, de martes a jueves.
La admisión supondrá la suspensión de la ley catalana con efecto retroactivo, es decir, que no entrará en vigor y no serán por tanto válidos los actos derivados de su aplicación.
Buena parte de los argumentos que se emplearán están ya preparados porque hay antecedentes: la doctrina del Tribunal Constitucional o los argumentos del Congreso para rechazar la petición del Parlamento de Cataluña de que se le traspasase la competencia para convocar referendos.
También se han tenido en cuenta los votos particulares de los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias catalán que rechazaron el proyecto de ley de consultas, el que se aprueba esta tarde. Cuando el Parlament envió a este órgano el texto legal para pedirle opinión, cuatro de sus nueve miembros votaron en contra de la norma por considerarla contraria a la Constitución y también al Estatuto de Autonomía catalán.
Mientras tanto, los partidos catalanes que pactaron la fecha y la pregunta de la consulta se han comprometido por ahora a explorar conjuntamente con el presidente de la Generalitat la estrategia a seguir si se impugna la convocatoria.
La principal duda recae en si Mas saca las urnas a la calle el 9 de noviembre aunque el TC suspenda la convocatoria, tal y como le han reclamado abiertamente ERC y la CUP, o acata la decisión del tribunal y espera a conocer su sentencia.
