La defensa de la infanta Cristina ha presentado hoy en el juzgado de instrucción número 3 de Palma un recurso de apelación contra su imputación en el caso Nóos por dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.
En torno a las 13.15 horas, en nombre del despacho de abogados que dirige Miquel Roca, el letrado Jaume Riutord ha registrado el escrito en el que se argumenta contra la existencia de indicios delictivos suficientes para mantener la imputación de la infanta, lo contrario al criterio del juez del caso, José Castro.
Riutord se ha remitido a las declaraciones realizadas por Miquel Roca en Barcelona esta mañana y ha asegurado que no comentará el recurso hasta que el juzgado haya dado traslado del mismo a las demás partes personadas en la causa.
"Se ha presentado recurso directo de apelación", ha dicho Riutord, que ha confirmado que el sentido del mismo es rechazar los dos delitos fiscales y de blanqueo que le imputa el juez a la infanta Cristina. Será la Audiencia de Palma la que decida sobre las alegaciones planteadas.
El letrado tenía intención de hablar con el juez Castro, pero no ha coincidido con él en su despacho del Juzgado.
Sobre lo que ha manifestado hoy Roca de que está "convencido" de que la Audiencia de Palma resolverá en términos convenientes para la infanta Cristina, el abogado mallorquín ha dicho que coincide con esa percepción.
Argumentos del recurso
Los abogados de la infanta Cristina argumentan en el recurso contra el mantenimiento de su imputación en el caso Nóos por presuntos delitos fiscales y de blanqueo que "ninguna de tales imputaciones está debidamente fundamentada" como para "adoptar tamaña decisión".
Los letrados Miquel Roca y Jesús-María Silva basan su recurso de apelación presentado hoy en la falta de relevancia penal de las conductas que se imputan a la hermana del Rey y en la "ausencia de indicios racionales" que avalen las imputaciones.
Recuerdan en el recurso que la Audiencia de Palma dejó sin efecto en mayo de 2013 la primera imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, pero invitó al juez a investigar por la posible comisión de un delito fiscal y otro de blanqueo.
Aseguran que desde aquella decisión se han practicado varias diligencias, "todas ellas con resultados claramente exculpatorios", por lo que califican de "desconcertante" y "difícilmente comprensible" que el juez haya acordado mantener la imputación de la infanta basándose en ellas.
Los abogados consideran que el auto contiene "varios errores en la interpretación de la ley penal" y reclaman a la Audiencia una "revisión estrictamente jurídica" de los argumentos del juez porque las figuras del delito fiscal y de blanqueo se han "forzado más allá de lo cabal" por parte del instructor.
Afirman que "la pretensión de mantener a toda costa la imputación parece haber tenido mayor peso que una estricta aplicación de la ley".
Roca y Silva reprochan al juez que incrimine a la Infanta alternativamente en dos tipos de blanqueo (de bienes procedentes de delitos contra la Administración y de delito fiscal) y aseguran que esto "pone en evidencia el carácter absolutamente precipitado del cierre de la instrucción y, por ello, la fragilidad de sus conclusiones".
Critican también que el juez reproche a la infanta que alegara desconocimiento u olvido en su declaración. "La incapacidad de quien dirige la investigación de encontrar ulteriores indicios (...) no se le puede hacer pagar a ella", afirman.
Añaden que, de las más de mil preguntas que se le formularon a doña Cristina, solo dejó sin responder unas doscientas por no recordar y desconocer los hechos en detalle. Ven "preocupante" que el juez considere incriminatoria la declaración de doña Cristina, algo contrario a sus derechos como imputada.
En cuanto al delito fiscal, también reprochan a Castro que no detalle cuál es el contenido concreto de la imputación y que mantenga dos hipótesis: por un lado que Aizoon era una pantalla formal para que Iñaki Urdangarin eludiera pagos del IRPF a Hacienda por actividades profesionales personales y por otro que Aizoon defraudara impuesto de sociedades.
Los abogados califican de "insólito" que el juez mantenga la imputación de la infanta como cooperadora en delito fiscal en contra de la opinión de la supuesta perjudicada: Hacienda.
Consideran una "hipótesis aventurada" el presunto indicio de que Aizoon fue creada como instrumento para defraudar a Hacienda, cuando se creó en 2003 y el presunto delito se habría cometido en 2007.
También afirman que el juez hace "denodados esfuerzos interpretativos" para considerar a la infanta cooperadora, cuando era un mero socio al 50 % de la persona supuestamente defraudadora. Añaden que no existe un solo precedente de condena por delito fiscal a un simple socio no administrador y cónyuge.
Sobre los gastos imputados a Aizoon que el juez considera también un indicio, los abogados sostienen que no fue la infanta quien decidió que fuera así, sino terceras personas a quien había confiado la gestión de la economía familiar, algo "lógico en una persona con sus múltiples ocupaciones y escasos conocimientos de fiscalidad".
También rechazan que se le pueda imputar el delito por omisión, ya que niegan que la infanta llegara a conocer posibles irregularidades en el Instituto Nóos, ni "remotamente" posibles conductas constitutivas de delito fiscal por parte de su esposo.
Silva y Roca niegan la posibilidad de que la infanta sea responsable de un delito de blanqueo antes de que la Casa Real pidiera a Urdangarin que se apartara de Nóos porque no podía sospechar que su esposo cometiera algún acto ilícito e insisten en que cuando en 2006 le sugirieron que dejara el instituto se alegaron razones de imagen", no irregularidades y mucho menos delitos.
Además, sostienen que "toda la facturación de Aizoon posterior a 2006 es lícita" y que los fondos ingresados en la sociedad familiar procedían principalmente de actividades profesionales de Urdangarin.
"Las disposiciones de dinero 'sucio' a las que se refirió en términos hipotéticos" la Audiencia de Palma "no pudieron realizarse jamás por doña Cristina, que carecía de cualquier poder de disposición sobre los fondos de Aizoon", insisten los letrados, para quienes sostener la acusación de blanqueo en los escasos gastos que la infanta hizo con una tarjeta de la empresa familiar "constituiría un ejercicio de funambulismo jurídico".
El Duque de Palma recurre seguir imputado
Iñaki Urdangarin ha recurrido, el mismo día en que lo ha hecho la Infanta Cristina, el auto por el que el juez José Castro cerró la instrucción del caso Nóos e incluyó al Duque de Palma entre los imputados sobre quienes ve indicios para sentarse en el banquillo de los acusados.
En concreto, sobre Urdangarin pesan dos delitos fiscales y uno de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración, estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil.
También han recurrido este miércoles la resolución el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) Jorge Vela (en apelación) y los concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia (en reforma).
Hasta el último día
La defensa de la hija del Rey ha esperado al último día del plazo formal dado por Castro para la formulación de recursos contra el auto en el que cerró la instrucción de la causa y estableció los delitos que atribuye a los dieciséis imputados. El juez ha concedido un plazo de gracia para la presentación de los recursos que concluye mañana a las 15.00 horas.
El equipo de abogados liderado por Miquel Roca y Jesús María Silva renunció a recurrir la imputación de la infanta Cristina decidida por el juez Castro el pasado 7 de enero y decidió que acudiera a prestar declaración el 8 de febrero.
Tras aquella imputación presentaron un escrito ante el juzgado en el que renunciaban a recurrirla y planteaban su deseo de declarar de forma voluntaria cuanto antes, razón por la cual el juez adelantó la comparecencia de la duquesa de Palma al 8 de febrero, cuando inicialmente estaba prevista para el 8 de marzo.
Además de la defensa de la infanta Cristina, también el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach planteó el pasado jueves un recurso de apelación oponiéndose a su imputación, así como a la de Ana María Tejeiro (esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres) por delito fiscal, aunque no por los restantes 22 delitos que le imputa el juez.
