La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, confirma en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el Partido Popular (PP) pagó con dinero negro una parte de la reforma que realizó en su sede de la calle Génova de Madrid entre los años 2005 y 2011.
Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llegan a esta conclusión en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que constatan que la empresa Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo los trabajos, expidió dos certificaciones finales distintas para las obras que se realizaron en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del edificio.
El informe, que por mandato de Ruz únicamente analiza los delitos fiscales que habría cometido el estudio de arquitectura y no el PP, sostiene que la diferencia entre unas certificaciones y otras se habría abonado con dinero B. Así, la documentación incautada en septiembre pasado en la sede de Unifica pone de relieve un descuadre de 211.160,77 euros en las facturas correspondientes a las obras de la planta segunda, de 274.880,35 en las de la quinta, de 256.426,33 en las de la tercera y de 217.879,75 en las del cuarto piso.
Estas cantidades son similares a las salidas que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotó en su contabilidad B, que reflejaba pagos en negro por valor de 888.000 euros para el director gerente de Unifica, Gonzalo Urquijo, imputado por fraude fiscal y falsedad documental y contable y que aparecía en los papeles con las anotaciones de 'Gonz. Urquijo', 'Gonzalo (Arquitecto)' y 'G.U.'.
A lo largo del año 2008 Bárcenas anotó cuatro supuestos pagos en negro que habrían tenido a Urquijo como destinatario: 195.000 euros el 28 de enero, 258.000 el 13 de marzo, 235.000 el 31 de julio y 200.000 euros en diciembre. La diferencia entre estos montantes y el descuadre en las certificaciones de obra podría corresponder, según la ONIF, a que, tal y como declaró Bárcenas, "se pudo aplicar un descuento del 8-10 por ciento sobre estas cantidades no facturadas", es decir, abonadas en B.
Sin embargo, los técnicos de la ONIF únicamente realizan una propuesta de regularización fiscal para las dos últimas certificaciones, que se llevaron a cabo en el año 2008, ya que el delito fiscal imputable a las obras de las plantas segunda y quinta se computó en 2007, por lo que habría prescrito.
"Teniendo en cuenta la supuesta vinculación entre las cantidades no facturadas por la ejecución de las plantas 3ª y 4ª (diferencias entre certificaciones identificadas anteriormente) y las anotaciones de los papeles de Bárcenas, cuyos pagos pueden imputarse como ingresos aplicables a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2008, consideramos que debería incluirse en el resultado contable y por ende, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 2008", señala el informe.
Para hacer esta regularización la ONIF propone computar las "diferencias entre las certificaciones" o bien "la cantidad anotada en los denominados 'papeles de Bárcenas', siempre que quede acreditado que hay una vinculación directa entre estas anotaciones y el pago de las diferencias de las certificaciones".
En todo caso, los inspectores señalan que "este informe es de avance del análisis de la información, de ahí que las estimaciones y propuestas se realizan con carácter provisional", ya que la unidad de auxilio judicial tendrá que analizar próximamente "los archivos contables resultantes del volcado de datos del programa Contaplus obtenidos en el registro de la sede de Unifica en septiembre de 2013".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ya constató el pago en negro de las obras en la sede del PP en un auto dictado el pasado 7 de abril en el que imputaba a tres antiguos empleados de Unifica y señalaba indiciariamente que la remodelación fue sufragada "con fondos ajenos al circuito económico financiero", correspondientes a la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas.
Sede de La Rioja
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que reclame al Banco Santander la documentación relativa a la concesión de dos préstamos que el Partido Popular (PP) de La Rioja pidió para reformar su sede.
En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la policía considera "de interés para la causa" obtener los expedientes de préstamo para profundizar tanto en "las condiciones de la compra como en los momentos en que fueron expedidos los expedientes y qué persona o personas fueron las que acudieron a la entidad en representación del Partido".
El PP riojano pidió en 2008 un total de 1,02 millones de euros al Banco Santander para sufragar la compra y rehabilitación de su sede, que tienen vigencia hasta 2020. Según declararon sus dirigentes ante el magistrado las obras se pagaron también con cuotas de afiliados, donativos de simpatizantes y con la colaboración desinteresada de la sede central del PP.
En relación con el dinero empleado para la reforma, Ruz investiga una entrega de 200.000 euros que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 en sus manuscritos bajo el concepto 'entrega de La Rioja' y que, según él, sirvió para financiar la compra del nuevo edificio con dinero negro.
El magistrado, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, citó a declarar el pasado mes de febrero al secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, y a la gerente Ana Elvira Martínez que aseguraron que la sede central del partido donó esta cantidad para la ampliación del edificio que ocupa la formación en Logroño "a fondo perdido".
Durante su última declaración ante el juez, Bárcenas aseguró que Cuevas, le entregó un sobre con 200.000 euros en efectivo procedentes de donativos no declarados para que los blanqueara y se los devolviera por la vía oficial con objeto de destinarlos a las obras de la nueva sede regional.
El extesorero 'popular' dijo que Cuevas se puso en contacto con él porque era compañero suyo en el Senado. "Fue él el que me planteó este tema, y además en el Senado precisamente, en una conversación que tuvimos", aseguró.
Agregó que Cuevas le indicó que disponían de "una serie de donativos" para comprar la sede y que tenían "dificultad para emplearlos. "Me dijo que si podían darnos esos fondos a la sede central, y que la sede central se los transfiriese oficialmente", dijo al magistrado.
