El Consejo de Ministros aprobó ayer la contratación de más de 800 vigilantes privados destinados a reforzar la seguridad exterior en las 67 cárceles, con un coste de unos 33 millones. El contrato afecta a 67 prisiones e implica 202 e (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas. Ejercerán parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, siempre bajo su supervisión y control.
