Telefónica ha informado al juez José Castro de que denunció por presunta estafa la transferencia de 12 millones de euros que está investigando el magistrado por si pudiera guardar alguna relación con la causa que instruye sobre el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

El juez Castro reclamó a Telefónica la documentación que tuviera sobre la transferencia de 12 millones de euros atribuida a la compañía y realizada el 5 de diciembre de 2007 a una entidad con sede en Odessa (Ucrania).

La investigación de Castro deriva de unas diligencias abiertas por un juzgado de Barcelona que imputó a un empresario y le intervino en un registro varias cartas donde relataba que recibió por error dicha transferencia supuestamente ordenada por la empresa de comunicaciones y que él sospechaba que tenía como destinatario a Iñaki Urdangarin.

Hace varios días Castro recibió información de la entidad bancaria que llevó a cabo la transferencia así como la posterior retrocesión de la misma.

El juez ha dado traslado a las partes personadas en el caso Nóos de la documentación que ha recibido ahora de Telefónica.

Dicha documentación incluye la denuncia presentada por la compañía en los juzgados de Madrid por una presunta estafa por importe de 12 millones, mediante la suplantación de identidad de dos apoderados de la empresa, falsificación de firmas y de documentación de la misma por parte de "una persona o personas desconocidas".

En la denuncia, Telefónica relata que una entidad bancaria llamó a la compañía en diciembre de 2007 para advertir de que la transferencia de 12 millones que habían ordenado llevaba asociados unos gastos de 75.000 euros, aviso que dio lugar a la detección de la supuesta estafa.

Si bien la compañía negó que hubiera solicitado dicha transferencia a favor de la entidad Ritm-Tur con sede en Odessa, por el uso de líneas telefónicas, el banco hizo efectiva la orden, por lo que Telefónica advirtió de que ninguno de sus apoderados la había solicitado, de que se trataba de un fraude, y la operación fue paralizada.

Telefónica ha remitido al juez las órdenes que dio al banco de devolución de la cantidad "indebidamente transferida".

También le ha remitido el intercambio de cartas y burofaxes entre Telefónica y el empresario que aseguraba haber recibido la transferencia por error de algún empleado de la compañía de telecomunicaciones y afirmaba que la operación le había causado perjuicios por 1.575.071 euros.

El empresario advirtió a Telefónica de la interposición de una demanda civil, propuso una solución amistosa y posteriormente un acuerdo mediante el pago de una indemnización de 50.000 euros. La asesoría jurídica de la compañía respondió que la empresa era la víctima y no la responsable del fraude.

El juez ha recibido también la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por el empresario contra Telefónica en junio de 2012 en Barcelona pidiendo 548.000 euros, así como la decisión del juzgado de declinar la competencia en favor de los juzgados de Madrid.

El empresario declarará mañana como testigo ante el juez Castro por videoconferencia desde la cárcel de Barcelona, donde se encuentra ingresado, a partir de las 13.30 horas en relación a esta cuestión.