El desvío de fondos públicos destinados a proyectos solidarios en Nicaragua ha supuesto una condena de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para el exconsejero valenciano Rafael Blasco, según la sentencia de la primera de las tres piezas de la causa. Otros siete cómplices recibieron penas de entre tres y ocho años, así como multas de hasta seis millones.
La sentencia considera a Blasco responsable de los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en la tramitación de los proyectos de la Fundación Cyes (sin relación con la constructora). Esta entidad compró tres pisos con la subvención de 1,8 millones de la Generalitat para proyectos solidarios en Nicaragua.
La sentencia cita a Blasco como "director" de la trama corrupta que desvió fondos de cooperación internacional y que actuó en concierto con el empresario Augusto César Tauroni, aunque advierte de que no han quedado determinados ni los términos del acuerdo entre ambos ni las "eventuales contraprestaciones" que recibirían Blasco y sus colaboradores.
La sombra de la corrupción del que hasta hace poco era diputado autonómico del PP ya le costó en 1989 ser destituido como consejero del Gobierno socialista, adonde llego desde el FRAP (Frente de Resistencia Antifascista y Patriótico). Recuperado por el popular Zaplana, Blasco le traicionó con Francisco Camps.
El presidente de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, afirmó que la sentencia que condena al exconseller de Solidaridad y ahora diputado del grupo de no adscritos en las Corts, "es muy contundente y pone de manifiesto las actitudes del señor Blasco con respecto a lo que era la cooperación y, especialmente con aquellas personas que más lo necesitaban".
A su llegada, indicó que "la sentencia es la que es" y que, a su juicio, "es un motivo de satisfacción saber que las personas que tienen actuaciones inadecuadas y que van contra la legalidad son condenadas".
La oposición reaccionó con satisfacción a la sentencia, al igual que los miembros de la coordinadora "Justicia caso Fabra" que celebraron el fallo en las puertas del alto tribunal valenciano, al considerar que "pone fin a la corrupción generalizada que el PP", como aseguró la parlamentaria de Compromís Mireia Mollá, o que supone "el fin de un personaje mafioso que ha sido símbolo del PP", según la socialista Clara Tirado; ambas diputadas llevaron a Fiscalía las irregularidades que dieron pie a la investigación.
Los diputados de Esquerra Unida colocaron en el escaño del exconseller un cartel con la frase en valenciano "El escaño de la vergüenza".
