El informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial a la conservadora Carmen Llombart, que complementa el elaborado por Pilar Sepúlveda, sobre la reforma de la ley del aborto proyectada por el Ministerio de Justicia, también recomienda la despenalización del supuesto de interrupción voluntaria del embarazo por causa de anomalía fetal incompatible con la vida.
El texto argumenta que, dada la inviabilidad del feto, no hay conflicto de intereses entre la vida del nasciturus y los derechos de la embarazada y, por tanto, pide "desligar" la situación del no nacido del supuesto daño psicológico que ésta pueda ocasionar a la madre para justificar el aborto, y ve prescindible que ella deba someterse a un examen psicológico.
Sepúlveda recomendó la retirada de la ley por tratarse de "una respuesta anacrónica y criminalizadora" basada en "la imposición de un modelo moral a costa de los derechos de la mujer embarazada".
