La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido al parlamento de Andalucía todas las enmiendas que los grupos parlamentarios presentaron a la partida 31 L, a través de la cual se concedieron las ayudas investigadas, a lo largo de siete años.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez acuerda pedir al parlamento copia compulsada de todas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios entre los años 2002 y 2009.
También acepta incluir en la causa la documentación de la Cámara de Cuentas enviada al Parlamento sobre la cuenta general de la junta y la documentación que el Consejo de Gobierno remitía a la cámara para la aprobación de los sucesivos proyectos de presupuestos.
Esta decisión se produce después de que, en marzo pasado, la juez acordase pedir al Parlamento de Andalucía una serie de documentos sobre el conocimiento que su Comisión de Economía pudo tener de las llamadas transferencias de financiación, utilizadas para pagar las ayudas investigadas, lo que motivó una queja del presidente de la Cámara, Manuel Gracia, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Con su nueva decisión, la juez accede a la principal petición sobre el Parlamento presentada por Juan Carlos Alférez, abogado de un ex alto cargo de la agencia andaluza IDEA, quien pretendía ampliar a otros siete aspectos la documentación de la Junta y de la Cámara sobre el conocimiento que los diputados autonómicos tuvieron de las ayudas investigadas y las enmiendas a los presupuestos que presentaron.
El letrado insistió entonces en que sus peticiones "en modo alguno pretenden criminalizar la actividad parlamentaria", sino solo introducir en el proceso un material para que los imputados, en fases posteriores, lo puedan utilizar y "ejercitar con plenitud el derecho de defensa".
La juez de los ERE acordó el 3 de marzo pedir los diarios de sesiones de la Comisión Parlamentaria de Economía y Hacienda entre 2001 y 2010 donde se debatió el presupuesto anual, así como de la sesión plenaria que aprobó los correspondientes presupuestos en el mismo período de tiempo.
También pidió certificados de que la Consejería de Hacienda hubiese remitido al Parlamento "con la periodicidad trimestral que exigen las leyes de presupuestos", y entre el año 2000 y la actualidad, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L, utilizado para pagar las ayudas investigadas.
La semana pasada, la juez acordó pedir además la totalidad de los trabajos de la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE, dado que la propuesta de resolución elaborada no fue finalmente aprobada.
Ahora, Alaya rechaza parte de los documentos porque considera que "no existe motivo alguno para poner en duda que, si el Parlamento recibía información relativa a la Cuenta General por parte de la Cámara de Cuentas, no se haya distribuido entre los integrantes de dicha Cámara".
Sobre otros aspectos pedidos por el abogado, la juez dice que "no se requiere para la investigación de los presente hechos tal grado de individualización".
