La Diputación de León reitera que no hubo despido

Un informe elaborado por el servicio de recursos humanos de la Diputación de León ha avalado este jueves que esta institución no despidió a Montserrat Triana Martínez, de 35 años, detenida y encarcelada junto a su madre por el asesinato el pasado lunes de la presidenta Isabel Carrasco.

El citado informe, hecho público por la Diputación tras ser encargado este miércoles por el equipo de gobierno, sostiene que su salida de la institución en 2011 se debió a que no superó la oposición convocada para cubrir la plaza que ocupaba de manera interina y que ganó otro aspirante por una diferencia sustancial.

Dado que la Policía baraja la venganza personal como el principal móvil del crimen, ya que tanto Montserrat Triana Martínez como su madre, María Montserrat González Fernández, de 55 años, culpaban a Carrasco de ser la responsable de la salida de la joven de la Diputación, donde ejercía como técnico en calidad de ingeniera de telecomunicación, la institución encargó ayer un informe para aclarar la situación.

La plaza que ocupaba la joven fue creada en 2006 y ella la desempeñó desde el 1 de junio de 2007, pero salió posteriormente a concurso público y se adjudicó en propiedad a otro aspirante, Javier Casado Marcos, que tomó posesión de la misma el 4 de abril de 2011.

Este opositor fue el único que superó la primera prueba con una puntuación de 5,905 mientras que el resto de aspirantes, entre los que se encontraba Montserrat Triana Martínez, fueron eliminados.

En este primer ejercicio (test de conocimientos) se exigía como mínimo una puntuación de 5 y Montserrat Triana Martínez obtuvo 2,275, lejos de la nota de corte.

Ese mismo día cesó la relación laboral de la joven con la institución como interina, aunque el titular de la plaza pidió poco después la excedencia y la institución optó por amortizarla.

Posteriormente, la institución abrió un proceso de reclamación para reclamarle 11.046,78 euros "indebidamente cobrados" aunque la Justicia estimó un recurso.

El fallo judicial propició que la Diputación rebajase su reclamación a 6.586,60 euros.

El informe precisa que la vista oral de este juicio estaba fijada para el próximo 14 de julio.

Sus retribuciones anuales brutas fueron de 33.015,84 (2007), 33.946,68 (2008), 34.921,76 (2009), 33.908,72 (2010) y 33.953,90 (2011) euros.