La Fiscalía ve indicios de delito en el reparto de la Junta

Demoledor decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía en el que afirma que hay indicios de delito en el uso de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para formación, en las que se han detectado irregularidades «numerosas, persistentes y graves». Este informe pone en cuarentena, en principio, la intervención del martes en el Parlamento del consejero de Educación, Luciano Alonso, que desveló que la investigación interna abierta por la Junta de Andalucía sobre la gestión de los cursos de formación profesional solo había encontrado por ahora cuatro expedientes, de 1.728 analizados, en los que ha habido fraude, por un uso no justificado de las ayudas.

Estos datos aportados por el consejero Alonso chocan además con el informe de la Cámara de Cuentas que incluía la detección de numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros sin «justificación alguna». El informe de la Cámara de Cuentas analizaba las ayudas a formación por valor de 798 millones de euros en los años 2009 y 2010.

Por ello, el fiscal superior, Jesús García Calderón, ordenó a su policía adscrita que investigara el contenido del informe de la Cámara de Cuentas, que censuraba que el 89% de las ayudas concedidas sólo en 2009 se hicieran sin «concurrencia competitiva». Tras un primer análisis del informe, la Fiscalía Superior decidió emitir ayer un decreto en el que busca poner orden en las investigaciones policiales y judiciales paralelas que se solapan ahora sobre los fondos de formación en la comunidad. Este decreto fue enviado ayer para su conocimiento a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Cuentas, a las fiscalías de Sevilla y Málaga, y a la Junta de Andalucía.

En el decreto se afirma que «las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquellas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos».

Las subvenciones, señala la Fiscalía, pueden generar responsabilidades penales «graves» por hechos ocurridos en distintas provincias de Andalucía, en algunas de cuyas fiscalías, como Sevilla y Málaga, hay investigaciones abiertas al respecto y en el caso de la provincia malagueña habría ayudas irregulares por valor de 1.722.558 euros.

En términos generales, la Policía Judicial señala «un manifiesto desorden» en la concesión de estas ayudas, detectándose por el órgano fiscalizador en los expedientes que han sido revisados y de forma continua una ausencia de justificación del gasto realizado. Además, pese a la importancia económica de las ayudas y su finalidad, «se habrían incumplido las numerosas recomendaciones que fueron realizadas en el año 2004 por la Cámara de Cuentas para el control de este tipo de ayudas, que no habrían sido implantadas por el organismo competente».