La juez Mercedes Alaya, que instruye desde hace más de tres años el caso del fraude multimillonario en la concesión de ayudas públicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía, ha pisado el acelerador para centrar sus investigaciones y autos judiciales en la rama político-financiera del caso. Su objetivo más inmediato es investigar a los autores intelectuales, según se desprende de sus autos, del sistema de ayudas públicas que la Consejería de Hacienda estableció en 2000 y que permitió a la Consejería de Empleo y a otros organismos públicos distribuir ayudas a empresas en crisis que acometieran expedientes de regulación de empleo con la finalidad de apaciguar los conflictos laborales que atenazaban al Gobierno de Manuel Chaves.
El último capítulo ha sido la petición de una fianza civil de 29,5 millones de euros a la exconsejera de Hacienda, exministra de Fomento y actualmente vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, a la que le acusa de malversación y prevaricación, delitos que la imputada rechaza.
La magistrada entiende en su auto fechado el pasado martes que la exconsejera andaluza no participó personalmente en el saqueo del dinero público, pero sí la responsabiliza de haber facilitado las normas (transferencias de financiación) que permitieron a la Consejería de Empleo su posterior gestión sin ningún tipo de control previo durante una década. Es tal la seguridad con la que la juez Alaya imputa esos delitos a Magdalena Álvarez que incluso en el auto califica de "probabilidad cierta" que la exconsejera sea declarada culpable cuando se abra el juicio oral, sobrepasando los límites de cualquier instrucción judicial, según varios juristas consultados por este periódico. Magdalena Álvarez ya ha anunciado que recurrirá la imputación y que basará su defensa en que fue la Consejería de Empleo y no la de Hacienda la que gestionó un fondo que manejó más 1.200 millones de euros durante una década.
La imagen mediática de la juez entrando en los juzgados de Sevilla con su famoso maletín cargado de imputaciones ha cambiado, se quiera reconocer o no, el escenario político en Andalucía. Durante los primeros meses de instrucción, la magistrada centró todas sus investigaciones en los beneficiarios fraudulentos y en los comisionistas de las ayudas públicas, pero a medida que avanzaba en la instrucción fue estrechando su telaraña judicial sobre el Consejo de Gobierno de Andalucía.
Alaya marca la agenda
Consciente del nuevo escenario judicial que se avecinaba, el entonces presidente José Antonio Griñán, que sucedió a Álvarez al frente de la Consejería de Hacienda en 2004, aceleró su relevo al frente del Ejecutivo andaluz para dar paso en septiembre de 2013 a Susana Díaz. Una munición que el Partido Popular no ha dudado en usar para degastar y colocar las sospechas de la corrupción en la misma cocina del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía.
De hecho, los autos judiciales con más enjundia política han coincidido siempre en el tiempo con las fechas más señaladas de la agenda del PSOE andaluz. Municipales, autonómicas..., y hasta el relevo de Griñán por Susana Díaz fue saludado por la juez con un contundente auto en el que intensificaba ese paso cualitativo, como ella lo definió, para investigar las consecuencias políticas en el fraude de las ayudas públicas y en cuya instrucción hay imputadas más de 140 personas en un sumario que eleva a más de 136 millones el dinero público defraudado en diez años en Andalucía.
Tras cerrar el círculo de la investigación en marzo de 2013 con la "operación Heracles" sobre los verdaderos beneficiados del fraude, un nuevo auto fechado en julio de 2013 hizo saltar todas las alarmas en el Gobierno andaluz y en PSOE. Alaya, que durante su investigación puso al descubierto una trama delictiva que se aprovechó de la falta de control sobre unos fondos para defraudar y enriquecerse, giraba la instrucción hacia los políticos al mantener que sin la complicidad de los principales cargos públicos de la Junta no habría sido posible el fraude y abonó la tesis de que fueron los políticos los que idearon el instrumento administrativo que lo facilitó.
En pleno proceso de relevo de Griñán, Alaya imputó de una tacada a 20 exaltos cargos de la Junta de Andalucía y entró de lleno en las responsabilidades políticas del caso, es decir, sobre el entorno de Griñán, Manuel Chaves y de los consejeros y exconsejeros andaluces de Hacienda, Empleo e Innovación durante 2001-2010.
Fue sintomático que de los más de treinta altos cargos públicos que gestionaron esas consejerías, la juez imputara en ese auto y en otros anteriores a todos salvo a los que ostentan la condición de aforados, lo que provocaría que la instrucción pasara a manos del Tribunal Supremo. Todos los demás que formaron la cúpula de las tres consejerías afectadas, consejeros incluidos, permanecen en la larga lista de imputados ya que la juez instructora no centra sus investigaciones sólo en el fraude y en sus beneficiados, sino que también cuestiona la competencia de la Junta de Andalucía para aprobar el procedimiento de "transferencia de fondos" en el pago de los ERE. Fue la primera vez que imputaba a Magdalena Álvarez.
Chaves y Griñán
La siguiente andanada fue aún más contundente. Casi a la misma hora que la nueva presidenta de la Junta de Andalucía trataba de pasar página del monumental escándalo de los ERE dejando fuera de su Ejecutivo a cualquier cargo que tuviera relación por acción u omisión con el caso, la juez hizo más tupida aún la malla tejida sobre el Gobierno andaluz. En un auto fechado el 10 de septiembre de 2013, daba los primeros para imputar a todos los cargos públicos aforados como son los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a cinco exconsejeros, a los que Alaya achaca los delitos de prevaricación y malversación, "entre otros".
Las "pre-imputaciones" de Chaves y Griñán provocaron una riada de críticas contra la instrucción de la juez por parte de los socialistas, ya que Alaya usó una argucia judicial para evitar tener que elevar esta parte del sumario al Supremo. Lo que hizo fue comunicar a los siete aforados la existencia de la causa y decir que en ella veía indicios de delitos contra ellos. Se amparó en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y les informó de que existe "cierta carga incriminatoria" contra los siete. Es decir, no los imputó directamente, una maniobra judicial que desde el PSOE se entendió como "una causa judicial contra gobiernos socialistas".
La instrucción de Alaya, muy contestada por el PSOE y por diversos autos de la Audiencia de Sevilla, se inició casi de forma accidental cuando empezó a investigar un fraude en Mercasevilla y al tirar de la madeja descubrió el famoso "fondo de reptiles" en la Junta de Andalucía.
Esta parte de la investigación judicial es la más polémica y basada en indicios, pues cuestiona procesos administrativos y de gestión como el procedimiento o partida "31L", que consistía en utilizar un procedimiento administrativo (la transferencia de financiación) que proporciona más agilidad, pero también más discrecionalidad y menos control en el pago de las ayudas a empresas que estaban en crisis. A través de esta partida se distribuyeron un total de 721 millones de euros, de los que 136 millones que deberían ir para los parados andaluces, según la juez, acabaron en los bolsillos equivocados.
Este procedimiento, en realidad, era un atajo para pagar los ERE de forma rápida. Se ideó para buscar la "paz social" en Andalucía debido a las sucesivas crisis industriales que dejaron a miles de trabajadores en la calle, cuyas movilizaciones fueron minando el crédito del Gobierno de Chaves. Y es aquí en la legalidad o no de ese fondo donde se plantea la batalla judicial entre la juez Alaya y el Gobierno andaluz, y la batalla política entre PSOE y PP.
La juez instructora trata de buscar argumentos de que todo se orquestó y considera que la partida financiera se creó con el exclusivo fin de burlar los controles de la intervención para favorecer a determinadas personas o empresas.
Sin embargo, la juez sólo tiene indicios y carece de testimonios en los innumerables interrogatorios judiciales, ni ningún documento en el que se afirme que la creación de esa partida fue una decisión concertada y planificada en el Consejo de Gobierno para cometer un fraude. Para abundar más en esta tesis y buscar nuevas pruebas, hace unas semanas requirió una amplia investigación sobre los 51 diputados que formaron durante diez años las comisiones parlamentarias de Hacienda por si se debatió este asunto.
La juez también se agarra a que cuatro interventores se pronunciaron con un escrito presentado hace un año, en el que recordaron que la Intervención había alertado del uso inadecuado de las transferencias de financiación, aunque señalaron que las transferencias de financiación están incluidas en la Ley de Presupuestos y que el mecanismo es legal.
Al calor de la aparente falta de vigilancia, surgieron enseguida una legión de advenedizos que vieron en la controvertida figura del director general de Trabajo (1999-2007), Javier Guerrero, al personaje idóneo para desviar dinero público. Según los autos de la juez, Guerrero gestionó "sin control aparente" las millonarias ayudas, y con la ayuda de su gran amigo, el sindicalista Juan Lanzas, creó una red clientelar con el apoyo de varias consultoras. Durante una década se pagaron abultadas comisiones, aunque la parte más suculenta fue a parar a sociedades de todo tipo, bufetes, sindicatos, asociaciones, consultoras.
Según la juez para el desvío del dinero contaron con la ayuda de la consultora Vitalia y Uniter, que se encargaban de negociar el ERE y quedarse con abultadas comisiones que incluso se repartían en sobres y maletines en bares cercanos al Parlamento andaluz.
La investigación del caso cifra en 136 millones de euros los fondos defraudados: 50 millones por sobrecomisiones; 73,8 millones por ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que no reunían condiciones para acceder a las mismas, y 12,3 millones entregados a más de cien intrusos ajenos a las compañías beneficiadas. Alaya empezó tejiendo su telaraña judicial sobre todo este entramado, pero pronto viró el caso hacia la rama político-financiera que en su último episodio golpeó esta semana a la exministra Magdalena Álvarez.
