La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer de forma contundente que el Gobierno no permitirá "actos de naturaleza ilegal", en alusión directa al anuncio hecho por Artur Mas de que sacará las urnas a la calle para celebrar un referéndum secesionista. La Generalitat se reafirmó en su desafío independentista al ordenar, al margen de la normativa vigente, la movilización de los Mossos d'Esquadra durante la jornada de votación del 9 de noviembre.

"Este Gobierno ya está actuando y tomando decisiones", dijo Sáenz de Santamaría cuando se le preguntó si puede garantizar que el 9 de noviembre Artur Mas no sacará las urnas en la calle. La vicepresidenta aseguró que los ciudadanos deben tener "la completa seguridad" de que el Gobierno "hará cumplir las leyes y no va a permitir actos de naturaleza ilegal". La número dos informó además de que el Ejecutivo ya ha recurrido ante la justicia las aportaciones económicas de 28 ayuntamientos a la Asamblea Nacional Catalana para promover la independencia.

La vicepresidenta advirtió a Artur Mas de que "todos" están sujetos a la normativa y subrayó que, aunque la resolución de esos recursos aún está pendiente de los tribunales, ha habido una "posición muy activa" del Gobierno para "preservar la legalidad", reaccionando frente a las actuaciones "contrarias" a la Constitución. Sin embargo, la Consejería de Interior ha situado la consulta soberanista, que la Generalitat quiere convocar el 9 de noviembre, en su previsión de grandes actos que deberán cubrir este año los Mossos d'Esquadra, a la altura de las elecciones europeas, el Día de la Hispanidad o el Mundial de baloncesto.

El director de la Policía, Manel Prat, ha firmado una orden interna en la que se establece que los agentes que sean requeridos para los dispositivos de estos grandes eventos tendrán que acreditar su ausencia por motivos de salud con un documento de atención médica. Entre esos grandes eventos, la Generalitat ha incluido la consulta soberanista del 9-N después de que Mas se comprometiera a convocarla. CiU y ERC enmarcan en la normalidad que se movilice a los Mossos para el referéndum de independencia. Para el PSC, estos planes no son más que fuegos artificales porque ese día no habrá consulta.

El líder de Unió Democrática y portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, también dio por hecho que "no habrá consulta legal porque el Gobierno lo impedirá". El socio de Mas cree que "el Gobierno, el PP, el PSOE y el Tribunal Constitucional" rechazarán la ley de consultas catalana y pidió que si se convocan elecciones plebiscitarias se definan de nuevo para que no sean unos comicios sin salida.

Mientras, UPyD ha preguntado al Gobierno si incluirá en la reforma penal que se aprobó en el mandato de José María Aznar para castigar con cárcel a los promotores de consultas ilegales con el fin de evitar que Artur Mas saque las urnas.