El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) ha entregado este sábado a los representantes del colectivo de huidos y deportados de ETA un documento en el que se detallan un total de 400 asesinatos sin esclarecer de la banda terrorista.
La entrega de este documento se ha producido frente a la Casa de Cultura de Alsasua (Navarra), instantes antes del comienzo del acto en el que varios miembros fugados de la banda terrorista van a anunciar su regreso a España tras la prescripción de sus delitos.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite; Laura Martín, vicepresidenta, y Concepción Fernández, viuda de Aurelio Prieto -guardia civil asesinado por ETA-, han sido las encargadas de entregar el listado a los organizadores del acto, que no les han permitido el acceso al mismo.
Las tres representantes han llegado hasta la localidad navarra con carteles en los que se podía leer el lema "condenad el terrorismo, aclarad los asesinatos".
Ordóñez ha condenado el acto que realizan hoy los etarras y ha dicho que "un grupo de asesinos se presenta ante la sociedad como un colectivo válido para construir la paz".
De igual modo, la presidenta de Covite ha expresado su malestar ante este tipo de actos que ha tildado como "escenificaciones en las que se pisotea la dignidad de las víctimas" y en las que "el fanatismo queda impune como causa prescrita en papel mojado que no interesa a nadie".
Al respecto, Ordóñez también ha criticado ante los medios que "si actualmente hay causas pendientes es porque el Estado de Derecho no las juzgó y tampoco les detuvo (por los etarras)".
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha justificado la no adopción de medidas cautelares en el acto del colectivo de huidos de ETA que se ha celebrado en la localidad navarra de Alsasua, al no apreciar una intencionalidad dirigida al enaltecimiento o justificación de acciones terroristas.
Fuentes jurídicas han informado después del acto de que el magistrado ha tomado esta decisión tras analizar los informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil así como la Policía Foral de Navarra, que concluyen que ninguna de las personas que iban a comparecer en Alsasua tenía causas pendientes con los tribunales españoles.
Ruz había considerado que en el acto no se desprendía una intencionalidad dirigida al enaltecimiento o justificación de las acciones terroristas, sino que encajarían más bien en reivindicaciones relacionadas con la situación penitenciaria o judicial de personas vinculadas con ETA.
