La estrategia de desmarque ejecutada a tres bandas por los secretarios generales del PP que declararon esta semana como testigos del "caso Bárcenas" deja algunas preguntas en el aire. Misterios sin resolver sobre las funciones del máximo responsable de la formación política, acerca del control que ejerce sobre las finanzas del partido o en relación con el encaje que esa falta de autoridad sobre los ingresos tiene en los estatutos del PP y en la ley de financiación de los partidos políticos. Los ex secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas y la adjudicataria actual del cargo, María Dolores de Cospedal, se atuvieron sin fisuras al mismo guion: no entraba en las obligaciones propias de su cargo la supervisión de las donaciones que recibía el partido. La gestión de los fondos, según declararon los tres ante Ruz, descansaba en el tesorero. La organización carecía de un procedimiento para que sus superiores verificasen sus funciones o comprobaran que los donativos se ajustaban a la ley.
De ser eso cierto, el principal partido del centro-derecha español habría ingresado en los años que son objeto de la investigación centenares de millones de euros, contando solo el dinero público -cerca de 365 millones entre 1995 y 2002, al menos 630 de 2002 a 2011- que escapaban al control .
La ley obliga a controlar.
Según fuentes jurídicas y a la luz de las informaciones publicadas sobre las declaraciones de Cascos, Arenas y Cospedal, la responsabilidad en la gestión de donaciones recaía sobre el tesorero. Los máximos responsables del funcionamiento de la organización descargaban así responsabilidad en la tarea de cumplir lo dispuesto en la ley orgánica de financiación de partidos, cuyo artículo quince establece que las formaciones políticas "deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos". También deben evitar recibir donativos superiores a 100.000 euros anuales "de una misma persona física o jurídica" -eran 60.000 hasta 2007- o aportaciones anónimas o procedentes de "empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público". Adicionalmente, la ley electoral limita los donativos en su artículo 129: "Ninguna persona, física o jurídica, puede aportar más de 10.000 euros a las cuentas abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos en las elecciones convocadas".
Lo que dicen los estatutos.
Apenas nada expresamente sobre las ocupaciones del tesorero, sólo que "desarrollará las funciones que legalmente le correspondan y aquellas que le encomiende el comité ejecutivo", pero sí, en la sección quinta, artículo 42.2 letra c, las del secretario general, al que corresponde "la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal". Del comité ejecutivo, ese organismo que marca el camino al tesorero forma parte, obviamente -artículo 34 de los estatutos-, el secretario general.
Todos mirando a Lapuerta.
El control de legalidad de las finanzas populares recaía, según el punto de confluencia de las tres versiones, en el tesorero. Y el tesorero nacional era, de 1993 a 2008, hasta que fue reemplazado por Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta. La persona a la que van a dar las miradas de los secretarios generales es un señor que el mes que viene cumplirá 86 años, que está imputado en el "caso Bárcenas", pero impedido para declarar ante el juez tras sufrir dos caídas en un corto espacio de tiempo a las puertas de su domicilio en Madrid. El ex responsable de las finanzas del PP, que se recupera de las secuelas del coma en el que le dejó el segundo de sus accidentes, será examinado de nuevo en septiembre por los forenses de la Audiencia Nacional para evaluar si puede prestar declaración.
Ellos también fueron tesoreros.
Dos de los dirigentes populares que comparecieron esta semana ante el juez Ruz, Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal, simultanearon las funciones propias de la secretaría general con las del tesorero en distintas épocas. Cascos lo fue de 1990 a 1993, entre el estallido del "caso Naseiro" y el nombramiento de Lapuerta -Rosendo Naseiro, entonces responsable de las finanzas populares, fue absuelto de los cargos que se le imputaban como responsable de la financiación irregular- y Cospedal de forma interina 8 meses, desde la destitución de Barcenas hasta el nombramiento de Romay Becaría como nuevo director financiero del PP.
La veracidad de los papeles.
La madeja jurídica del "caso Bárcenas" mantiene en el aire la conexión entre las donaciones anotadas por el exgerente en su "contabilidad B" y una supuesta obtención de contratos públicos por parte de los donantes con el PP en el Gobierno.
