El juez Pablo Ruz sigue la pista de posibles cohechos: es decir, en la relación entre donaciones al PP y contratos de la Administración. En esa búsqueda ha pedido datos sobre la adjudicación de la concesión de la autovía Madrid-Toledo, cuya publicación en el BOE aparece firmada por Francisco Álvarez-Cascos, tal como IU incidió en su día en la querella que desató la investigación.

El juez ha pedido a las constructoras Azvi y Sando, cuyos directivos aparecen como donantes en la contabilidad en dinero negro que llevaba Bárcenas, que entreguen "toda la documentación" del proceso de adjudicación de esa autovía de peaje en enero de 2004. Fue una obra con un compromiso de inversión de 373 millones y una duración de la concesión de treinta y seis años. IU destaca en su querella que desde que se abrió la oferta para concurrir a la adjudicación de estas obras y hasta su concesión, los "papeles de Bárcenas" registran aportaciones de Sando por 570.000 euros.