El Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda.
Es la fórmula que el Ministerio de Educación propone en el proyecto de reforma educativa, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, para preservar, según fuentes del departamento, el derecho de aprender en castellano y en lengua cooficial como lengua vehicular.
Los padres afectados reclamarán primero a la administración educativa autonómica y luego, si no se consideran satisfechos, a la Alta Inspección del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, que abrirá una investigación del caso, en la que la comunidad podrá presentar alegaciones.
Si el ministerio considerara que, en efecto, no se garantiza la escolarización en cualquiera de las dos lenguas -castellano o cooficial-, adelantaría el pago de la matriculación en un centro privado hasta que la comunidad resolviese la situación.
Esto afectaría fundamentalmente a Cataluña -aunque el texto legislativo no nombra ninguna comunidad-, ya que su modelo es de inmersión lingüística en catalán, y no contempla escolarización bilingüe o trilingüe en centros sostenidos con fondos públicos como ocurre en otros lugares con lengua autonómica.
Las mismas fuentes han explicado que la memoria económica del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora para la Calidad de Educación (Lomce) prevé una partida anual de cinco millones de euros para la escolarización de los mil alumnos que pudieran estar en tales circunstancias, aunque han matizado que dependerá finalmente de los casos reales.
Según la Generalitat, serían solo unos 17 casos, pero las fuentes del ministerio han enfatizado que no se trata de si son muchos o pocos, sino de garantizar los derechos individuales reconocidos por la Constitución y el Tribunal Constitucional.
El Ministerio ha optado por esta regulación después de que el Consejo de Estado -órgano consultivo- indicara que el Gobierno no podía obligar a las comunidades a financiar la escolarización en centros privados -como proponía el anteproyecto legislativo- porque esto invadía competencias.
Desde el punto de vista académico, las lenguas cooficiales serán de libre configuración autonómica, con un tratamiento equivalente a las asignaturas troncales (aquellas que define el Estado, como matemáticas y lengua castellana), de tal forma que se tendrán en cuenta en las evaluaciones.
Wert: "Pagar colegios privados en castellano será excepcional y transitorio"
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha dicho hoy que el mecanismo introducido en la reforma educativa, por el que se pagará un colegio privado a los alumnos que quieran estudiar en castellano y no tengan esa posibilidad en los público y concertados, será "excepcional y transitorio".
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Wert ha destacado que se trata de una fórmula que da respuesta a las observaciones dadas por el Consejo de Estado, pero que afectará "exclusivamente" a aquellos sistemas educativos en los que se plantea el uso de una sola lengua cooficial, en concreto la propia, y no se garantiza el derecho a estudiar en castellano
Para Wert, lo que se ha hecho es "garantizar" que se hace efectivo el derecho que asiste a los padres a que el castellano pueda ser la lengua vehicular en la educación de sus hijos.
Ha dicho que el pago de la escolarización en centros privados -adelantado por el Estado y luego descontado en la financiación de la Comunidad Autónoma afectada- no repercutirá a las autonomías con modelos bilingües integrados, donde coexisten el sistema que da preferencia a la lengua cooficial pero con la posibilidad también de usar el castellano como lengua vehicular.
"Se plantea como excepcional y temporal", es un "mecanismo subsidiario" hasta que la Administración afectada "sea capaz" de ofrecer una formación en centros públicos o concertados con castellano como lengua vehicular, ha insistido.
Preguntado si los 5 millones que Educación ha calculado que se podrían necesitar para ese mecanismo, Wert ha asegurado que no se trata de la cantidad a invertir en las 17 familias que, según la Generalitat, han pedido enseñanza en castellano en Cataluña, ya que "sobrarían algunos euros", ha comentado.
Sobre la memoria económica -suponen unos gastos en el primer año de implantación de 22 millones de euros, 130 en el segundo año y 255 en el tercero-, el ministro ha señalado que responden a los costes de la nueva FP y de los itinerarios hacia ésta y Bachillerato al final de la ESO.
