Los años de Francisco Álvarez-Cascos al frente del ministerio de Fomento (2000-2004) fueron muy fructíferos para las empresas constructoras que están siendo investigadas por el caso abierto a raíz de los "papeles de Bárcenas".
El informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hace un detallado análisis de las contrataciones públicas recibidas por las empresas que también aparecen como donantes del Partido Popular en los papeles del extesorero del PP.
En la mayoría de los casos, los ejercicios en los que más negocio movieron en contratos con administraciones populares fueron los comprendidos entre 2000 y 2004. Tal fue el caso de las constructoras Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Copasa, Copisa o Aldesa, entre otras. Este primer análisis de la Policía -aún está compilándose toda la información- indica que desde el año 2000 este grupo de constructoras que en los cuadernos manuscritos por el extesorero aparecen como donantes habrían recibido del conjunto de las administraciones populares un total de 12.200 millones de euros. Algunas de ellas, como Hispánica, Aldesa o Sacyr o Azvi, ejecutaron obras durante la época de Cascos en Fomento.
La UDEF añade que existe una "correspondencia" entre algunos apuntes de salidas de cantidades en los papeles de Bárcenas y la recepción de ese dinero por los destinatarios que aparece como perceptores.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz salió ayer a desmentir "tajantemente" que la Udef haya redactado un informe en el que se vinculen las donaciones al PP con la adjudicación de contratos de obras públicas. El ministro introdujo un matiz en su desmentido. Dijo que no le constaba que existiera ningún informe "que establezca una relación causa-efecto entre una cosa y otra (las donaciones y los contratos".
En referencia a la investigación del caso Gürtel, la raíz de la que parten las pesquisas que llevaron a Bárcenas y a sus cuadernos, la sección cuarta de la Audiencia Nacional ha aceptado un recurso de Correa, al que se adhirió Luis Bárcenas, para que el juez Ruz tenga que pronunciarse sobre las legalidad de las grabaciones hechas por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas y que fueron el origen de este escándalo por corrupción.
