El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, acusó ayer al presidente andaluz, José Antonio Griñán, de ser "el cajero de los ERE" falsos, en tanto que los sindicatos UGT y CC OO se desligaron de la "trama corrupta" negando su participación en la gestión de expedientes para lucrarse.

Zoido también reclamó que Griñán comparezca ante el Congreso para aclarar por qué no modificó el procedimiento de los ERE, iniciativa que los socialistas andaluces tacharon de "disparate jurídico" y "burla" al Parlamento autónomo.

Estas posturas políticas llegan después de que la juez del caso, Mercedes Alaya, enviara a la cárcel a siete de los 22 nuevos imputados, detenidos por la Guardia Civil el pasado miércoles, al abrir una nueva rama de la investigación. Con todo, los defensores de los últimos encarcelados creen que la juez dictó los autos de prisión cuando ya se había superado el máximo legal de 72 horas de detención.

En una entrevista ayer en "El Mundo", Griñán niega tener responsabilidad política alguna en el caso, y también que fuera avisado del escándalo por la Intervención General. Y argumenta: en todo caso, lo que hay es "reptiles utilizando un fondo legal" aprobado en el Parlamento.

Sin embargo, Zoido llamó a Griñán "el cajero de los ERE" y le exigió que dé explicaciones ante el Congreso sobre cómo se nutría la partida 31L, que presuntamente eludía los controles de fiscalización.

Precisó que "el dinero no lo tenía el consejero de Empleo, sino el de Hacienda, y éste es, según el interventor general de la Junta, quien cebó sin límites dicha partida", en referencia a cuando Griñán fue consejero de Economía y Hacienda.

De su lado, los sindicatos se defendieron de nuevo de las acusaciones. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, puso "a disposición de la Justicia" las cuentas de la central sindical, que, subrayó, "son públicas y transparentes". Y su homólogo de CC OO, Francisco Carbonero, anunció que el sindicato raabrirá una investigación interna en pro de la "transparencia".

Entre tanto, en el auto de prisión de los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, al que tuvo acceso la agencia "Efe", la juez Alaya afirma que "las piezas del puzzle comienzan a encajar" en lo tocante al "enorme perjuicio" que las sobrecomisiones causaron a la Hacienda andaluza, el "negocio" en que se convirtieron las ayudas y el "presunto empecinamiento de la Junta" en tener fondos sin control.

insiste en su acusación contra CC OO y UGT, que cobraron comisiones "aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno", pues su verdadera aportación era "la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza".