La Policía Nacional ha detenido a 32 falsos trabajadores en la segunda fase de una investigación de fraude a la Seguridad Social dirigida por la Comisaría de Albacete y que ha supuesto arrestos en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Melilla, Madrid, Murcia, Galicia y Comunidad Valenciana.
Estas detenciones se enmarcan en la segunda fase de una operación policial en la que ya se arrestaron a otras 62 personas en enero, entre ellos un empresario de La Roda y su colaborador, acusado de facilitar contratos falsos a 129 personas para obtener un permiso de trabajo o las prestaciones por desempleo a cambio de pagar entre 225 y 300 euros.
Por ello, en el marco de la operación se han practicado ya un total de 94 detenciones.
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado hoy en un comunicado de que en esta segunda fase los falsos trabajadores han sido detenidos en Alicante, Valencia y Benidorm (Comunidad Valenciana); Algeciras, Granada, Jaén y Málaga (Andalucía); Murcia y Yecla (Murcia); Lugo (Galicia), Mérida (Extremadura); Madrid, Melilla y Albacete (Castilla-La Mancha), donde en concreto ha habido tres detenidos.
Además de esos tres arrestados, dos han sido detenidos en Alicante, seis en Valencia, cuatro en Benidorm, cuatro en Granada, tres en Jaén, tres en Málaga, uno en Algeciras, uno en Madrid, uno en Melilla, uno en Mérida, uno en Murcia, uno en Yecla y uno en Lugo.
En concreto, el detenido en Melilla fue arrestado cuando trataba de abandonar el país por la frontera terrestre.
Otro arrestado había pagado hasta 2.000 euros por obtener un contrato.
Todos los detenidos formaban parte de la plantilla de la empresa investigada por fraude al Estado, de la que ya fueron detenidos en la fase inicial de la investigación 62 personas más, todos ellos como cooperadores necesarios para la comisión de los hechos delictivos investigados.
Estas personas accedían a prestaciones sociales o subsidios por desempleo del sistema público, adquirían y consolidaban derechos de pensión por jubilación y, en el caso de las personas de origen extranjero, obtenían la regularización en España o su renovación.
La empresa era simplemente un ente jurídico utilizado instrumentalmente para realizar las estafas y fraudes a la Administración pública y carecía de órganos de administración y dirección, sede social o laboral, almacén, herramientas de uso colectivo y centros de trabajo.
En total, fueron 139 contratos falsos los expedidos por la empresa a 129 pretendidos trabajadores, por los que no se ha pagado la correspondiente cuota a la Seguridad Social, lo que supone un fraude aproximado de más de 125.000 euros y la comisión de 139 delitos de falsedad y de estafa.
Entre el último trimestre de 2011 y el primero de 2012, en plena crisis del sector de la construcción, donde se nutren estas empresas para desarrollar su actividad, la empresa ficticia tramitó 139 contratos laborales.
El fraude a la Tesorería General de la Seguridad respecto de la cuotas a la Seguridad Social, correspondientes a 9.336 días defraudados, la percepción del subsidio por desempleo, otras prestaciones sociales, más los beneficios obtenidos por el titular de la empresa y su socio constituyen un perjuicio superior a los 450.000 euros.
