Los grupos parlamentarios se comprometieron ayer a estudiar "la mejor fórmula" para aplicar la ley de transparencia a los partidos, los agentes sociales y las "entidades e instituciones que se financian esencialmente a través del dinero público", lo que podría afectar a la Casa Real.

Este acuerdo se ha incluido en una propuesta de resolución consecuencia del debate del estado de la nación que firmaron PP, CiU, UPyD, UPN y CC con el objetivo de suscribir un pacto contra la corrupción y la transparencia. El PNV votó a favor, pero el PSOE, la Izquierda Plural y parte del grupo mixto (Amaiur, BNG y Geroa Bai), a pesar de compartir buena parte de sus propuestas, se abstuvieron y la iniciativa fue aprobada con 214 votos.

Fue el portavoz de CiU, Pere Macías, quien subrayó ante el pleno del Congreso que se estudiará la posibilidad de que la Corona se someta a la ley de transparencia al financiarse con recursos públicos.

En su propuesta inicial, el PP hablaba solo de "entidades", y no de "instituciones", pero fuentes del grupo parlamentario dejaron claro que su posición no cambió y que aceptaron esta nueva redacción en aras del consenso para lograr un pacto abierto.

En opinión de los populares, podrían quedar bajo la ley de transparencia los recursos públicos que emplean diversos ministerios -como Interior o Asuntos Exteriores-, al servicio de la Casa Real, pero no la propia Casa Real, ya que la Constitución establece que el Rey "distribuye libremente" la cantidad que recibe de los presupuestos "para el sostenimiento de su familia y Casa".

La resolución apuesta por un acuerdo de las fuerzas políticas para luchar contra la corrupción que debería incluir un "pacto ético" sobre el tratamiento de los distintos casos y de los encausados y una comisión independiente que remita al Parlamento un informe con propuestas para regenerar la democracia.