Los jueces podrán inhabilitar temporalmente y de forma provisional a los cargos públicos cuando estén inmersos en un proceso judicial, según recoge el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado por una comisión de expertos y presentado ayer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El borrador también propone que los fiscales sean los encargados de dirigir la investigación de los procesos judiciales, que ahora llevan a cabo los jueces, pero no podrán dictar medidas cautelares, que quedarán reservadas a los magistrados.
El texto ha sido presentado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, junto al borrador de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos a petición del Gobierno, que solicitó a Justicia la creación de sendas comisiones institucionales para la reforma de ambas leyes.
En la sede ministerial, Gallardón aseguró que ambos textos recogen propuestas "valientes" que sentarán los "cimientos" sobre los que se va a construir "la auténtica base normativa de la justicia del siglo XXI".
La Comisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presidida por el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, propone como principal novedad la capacidad del juez de acordar la inhabilitación temporal de aquellos cargos públicos cuando estén inmersos en un proceso, para evitar la reiteración en un delito que está siendo investigado.
707 artículos
El proyecto entregado ayer a Gallardón, de 707 artículos, acomoda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, y "refleja la experiencia de modelos comparados que funcionan de forma adecuada en los países comunitarios", ha explicado Marchena.
Otra de las novedades por las que apuestan los expertos es la figura del "fiscal investigador", que dispondrá de seis meses para efectuar las diligencias en su investigación aunque podrá ser prorrogado dieciocho meses más en delitos más complejos, en una medida que, para Marchena, "no persigue precipitar sino garantizar que la repuesta jurisdiccional sea acomodada a la gravedad del hecho".
Así, los fiscales serán los encargados de dirigir la investigación de los procesos pero no podrán dictar medidas cautelares que quedarán reservadas al juez, en una propuesta que acota los plazos en los procesos en marcha y que según Gallardón, no se trata de una "sustitución" de jueces por fiscales.
El ministro de Justicia reconoció, no obstante, que la plantilla disponible actualmente "no tiene capacidad para dar respuesta a la propuesta", ya que es "insuficiente".
Por tanto, agregó, las disposiciones transitorias "cobrarán una importancia estratégica", porque aunque el modelo se implementará desde el primer día, su aplicación estará condicionada a las realidades físicas y de personal con las que se pueda operar, dijo.
Imputado por "encausado"
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incorpora otro cambio al sustituir el término imputado por el de "encausado" y que se aplicará al que esté incurso en una investigación penal, para evitar así la connotación peyorativa que tiene el "imputado" en la sociedad.
Asimismo, el texto "racionaliza y no reduce", según Marchena, el ejercicio de la acción popular, de cuyo ejercicio quedan excluidos los sindicatos, partidos políticos y personas jurídicas, con la única excepción de las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Por su parte, el borrador recoge tres grandes aspectos relacionados con la organización de los tribunales, el estatuto de los jueces, y el gobierno de la judicatura y la regulación de la estructura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La propuesta de la comisión, dirigida por el magistrado del Supremo, Luis María Díez, plantea también la supresión de la categorías judiciales, la generalización de las oposiciones restringidas y la creación de los tribunales de instancia que abarcarían todos los órdenes jurisdiccionales así como la supresión de los partidos judiciales.
Tras la entrega de los borradores de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se abre un periodo de debate, ha indicado el ministro de Justicia, que se extiende a todos los sectores implicados y a la sociedad en su conjunto ya que estas reformas "proponen modificar esquemas con los que se ha convivido más de cien años".
Con todo, Alberto Ruiz-Gallardón confesó que espera que en el último trimestre del año, el Gobierno pueda tramitar el anteproyecto de reforma de ambas normativas, al tiempo que anunció que "no habrá un debate parlamentario precipitado" cuando las leyes lleguen a las Cortes.
