La táctica del abogado Mario Pascual Vives de poner en duda la legalidad de los correos electrónicos que hace dos semanas aportó Diego Torres ha fracasado. Aunque había advertido a su cliente, el duque de Palma, de que no contestara a ninguna pregunta que le pudieran formular relacionada con estos mensajes, Urdangarín o no se enteró de la recomendación, o decidió defenderse de otra manera.

En cualquier caso, contestó a varias de las preguntas que hacían referencia a estos documentos, lo que supone, según señalaron fuentes próximas al caso, que sus contestaciones en cierta forma validan los correos y por tanto son una prueba más que se incorporará al sumario.

Además de Pascual Vives, otros dos abogados, uno de ellos el letrado que defendía a Carlos García Revenga, cuestionaron al inicio de su intervención la legalidad de dichos correos, porque dudaban de su origen. El conocido letrado Javier Saavedra, que defiende al supuesto testaferro en Suiza del duque de Palma, presentó un escrito pidiendo la nulidad de esta prueba y anunciando futuras querellas, a pesar de que estos documentos para nada afectan ni hacen referencia a su cliente.

El juez Castro tiene que contestar a esta demanda de los letrados, pero no parece que vaya a aceptar la queja, sino más bien todo lo contrario. Aceptará como prueba estos correos y, de hecho, ya los ha aceptado, porque permitió que el fiscal Horrach preguntara a los dos imputados sobre su contenido.

El interrogatorio del sábado a Urdangarín no fue tan plácido como el pasado año, cuando durante dos días estuvo frente al juez Castro y el fiscal explicando detalladamente cuál era su función en el instituto Nóos y qué participación había tenido en esta trama. A los investigadores les sorprendió que el yerno del Rey mantuviera la misma táctica, que en definitiva consiste en negar los hechos, sin tener en cuenta los descubrimientos que se han realizado este último año, que han complicado su futuro judicial.

El duque pasó gran parte de la declaración dando golpes con la mano a la mesa que tenía enfrente y aunque el año pasado no se había atrevido, esta vez se mostró dispuesto a discutir las afirmaciones que le planteaba Pedro Horrach con alguna que otra subida de tono. El fiscal pretendía demostrarle las contradicciones en que, a su juicio, estaba incurriendo en su declaración.

Fue en el asunto de la fundación Madrid 16, donde Urdangarín se mostró más incómodo. Los investigadores cuestionan que el yerno del Rey cobrara 140.000 euros por "vender" ante sus influencias en el Comité Olímpico Internacional el proyecto que representaba la candidatura de Madrid. El duque admitió que fue él quien propuso a la directiva de la fundación actuar como intermediario ante el COI, pero luego afirmó que no sabía que se había recibido este dinero porque era un tema que trataban sus colaboradores.

De hecho, llegó a decir que para él era un honor, como miembro de la Familia Real, poder defender los intereses de España, en este caso entre los representantes del mundo olímpico. Sin embargo, el fiscal no creyó su versión.