Un año después de las elecciones que provocaron su salida de La Moncloa, el PSOE sigue sumido en una crisis que no logró resolver su último congreso federal y que condiciona su labor de oposición a un Gobierno al que ataca por haber incumplido su programa y empeorado la situación del país, según sus líderes.
Los socialistas no han encontrado el rumbo en su nuevo papel, permanecen estancados en sus expectativas electorales según todas las encuestas y su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, no termina de ganarse la confianza de los españoles, aunque va por delante del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en valoración ciudadana.
El sonado fracaso en las elecciones gallegas y vascas de octubre pasado, además, ha permitido constatar que no han sido capaces de fraguar una alternativa al Ejecutivo y que los ciudadanos no ven en ellos un proyecto creíble y realista, pese a su esfuerzo en demostrar que desde que gobierna Rajoy han empeorado todos los indicadores económicos.
Y es que la "oposición útil" de Rubalcaba, que llegó con el eslogan "acordar, discrepar, confrontar", se ha encontrado incluso con la incomprensión de algunos de sus propios compañeros de partido, manifestada de forma más virulenta tras la debacle del 21-O.
Esos comicios destaparon públicamente las frías relaciones que mantienen Rubalcaba y el presidente del partido y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y fueron el detonante que reabrió heridas mal cerradas en el congreso federal de Sevilla.
Aunque se han dado una tregua ante los comicios catalanas del próximo 25, nadie duda en el PSOE de que después de ese día se recrudecerá la batalla interna, con la incógnita de si Rubalcaba aguantará en el cargo hasta 2016, si habrá un congreso federal extraordinario para relevarle o si todo se apaciguará con la elección en primarias del próximo candidato a la Moncloa.
Rubalcaba no se cansa de defender la idoneidad de su labor de oposición, consciente de que la ciudadanía tardará en perdonar al PSOE la gestión de la crisis en los últimos años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha urgido a acelerar la construcción de una alternativa.
Lo cierto es que en las últimas semanas los socialistas han dado un giro a su línea opositora, hasta el punto de que han llegado a difundir un vídeo animando a la ciudadanía a secundar la huelga general del 14N.
Un hecho insólito hasta ahora por parte del PSOE, que siempre había sido muy discreto ante las convocatorias de huelga, que visualiza un endurecimiento de sus posiciones, justificado desde Ferraz en el hecho de que se le han dado incontables oportunidades al Gobierno para el consenso y en todos los casos el Ejecutivo ha rechazado la mano tendida.
De hecho, el PSOE y el Gobierno sólo han intentado un acuerdo en contadísimas ocasiones; por ejemplo, para defender una postura común en Bruselas o, esta misma semana, para dar una solución al drama de los desahucios.
'Rodillo del PP'
En el día a día del Congreso, los grupos de la oposición se quejan de lo que consideran una actitud prepotente por parte del PP y su casi nula voluntad de negociar con ellos ninguna propuesta.
Un 'rodillo' que se hace patente en las votaciones en pleno y en comisión, pero también en la Mesa y en la Junta de Portavoces, donde la mayoría del PP ha vetado semana tras semana las incontables peticiones de comparecencias monográficas de Rajoy presentadas por los distintos grupos.
El papel de los partidos nacionalistas se ha visto considerablemente rebajado a un segundo plano, en comparación con las dos legislaturas anteriores, ante la mayoría absoluta del PP, que no requiere los votos de ninguna fuerza de la Cámara para sacar adelante las iniciativas del Gobierno, la mayor parte de ellas plasmadas en decretos ley.
La pasada legislatura, los socialistas se vieron obligados a recurrir a la "geometría variable" para cuadrar sus cuentas, tratando de sumar ahora a unos, ahora a otros, en función de la propuesta, e incluso en más de una ocasión tuvieron que conformarse con la abstención de grupos como CiU o PNV.
Izquierda Unida, que irrumpió en el Congreso con once diputados de los dos que tenía en la anterior legislatura, ha desarrollado una intensa actividad parlamentaria, centrada en buscar una salida social a la crisis, con medidas para impulsar la creación de empleo o incrementar los ingresos por la vía fiscal.
También fue uno de los primeros en proponer una reforma de la ley hipotecaria para frenar los desahucios, una cuestión que lleva preocupando a IU desde la anterior legislatura, como así lo plasmó en varias iniciativas legislativas, rechazadas en aquel momento por PSOE y PP.
Un caballo de batalla que también ha hecho suyo UPyD desde que comenzó la actual legislatura, aunque el partido de Rosa Díez también ha tratado en estos meses de impulsar la ilegalización de Amaiur y Bildu, que resultó frustrada, y adelgazar las administraciones públicas suprimiendo duplicidades.
