"ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada". Con estas palabras, la banda terrorista que sembró el terror durante más de 40 años anunciaba a través de un comunicado y el correspondiente banda terrorista comunicado vídeo . Era el 20 de octubre de 2011 y por fin llegaba el final de la pesadilla etarra, que dejaba un rastro siniestro de 858 víctimas, entre ellas políticos, empresarios, fuerzas de seguridad y ciudadanos de a pie.

El fin de la amenaza terrorista, que vino precedido de la polémica Conferencia de Aiete y de la petición expresa, por primera vez, de la izquierda abertzale del cese de la violencia, abrió un nuevo camino en el que se han dado contados avances. Desde el esperado comunicado, poco se ha sabido de los pasos recorridos tanto por la banda como por el Gobierno para cerrar el episodio más negro de la historia reciente de España.

El Ejecutivo de Rajoy, que ganó las elecciones por mayoría absoluta justo un mes después del anuncio, se ha mantenido firme en su posición de no dialogar con la izquierda abertzale ni negociar con la organización terrorista hasta que ésta entregue las armas y se disuelva. Pero sí que ha hecho algún ´guiño´ sin reconocerlo explícitamente.

Por su parte, la izquierda abertzale, lejos de condenar los atentados de la banda y de exigir su desaparición se ha limitado a expresar su "profundo pesar" por las consecuencias de la "acción armada" y ha asumido que su propia posición política ha podido causar "un dolor añadido" o un sentimiento de "humillación" a las víctimas.

Plan de reinserción y liberación de Bolinaga

El plan de reinserción de reclusos, puesto en marcha por el Ministerio del Interior el pasado mes de abril, ha sido interpretado como uno de esos gestos hacía la banda terrorista. En la línea de la 'vía Nanclares' impulsada por el Gobierno de Zapatero, el llamado plan integral de reinserción de presos de ETA -de aplicación también a miembros del GRAPO, yihadistas y condenados por crimen organizado-, exige renunciar a la organización por escrito, sin necesidad de pedir perdón por los crímenes cometidos, y participar en aulas dirigidas a su educación en valores y formación laboral. Esta medida levantó las críticas de las víctimas, que lo vieron como una "cesión a los intereses" de los terroristas y acusaron al Gobierno de "dar gusto a ETA".

El caso del preso enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga también le costó a Mariano Rajoy las críticas de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. Condenado a más de 200 años de cárcel por el secuestro de Ortega Lara y el asesinato de tres guardias civiles, Bolinaga quedaba en libertad condicional en septiembre por "principios de humanidad y derecho a la dignidad de las personas", pese a que el último informe forense indicaba que podía ser tratado de su enfermedad en prisión.

Legalización de Sortu

En el ámbito político, el silencio de las armas fue respondido con el respaldo electoral a Amaiur, que se convirtió en la primera fuerza política vasca en el Congreso de los Diputados. La coalición abertzale logró en el País Vasco un triunfo histórico en las elecciones generales del 20-N al superar en número de escaños, que no de votos, al PNV.

La izquierda independentista vasca se anotó otra victoria con la legalización de Bildu y posteriormente de Sortu, formación que fue prohibida por ser heredera de la extinta Batasuna. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Supremo y por un solo voto avaló la legalidad de Sortu.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, mostró su temor a que cuando el entorno de ETA tenga más poder en las instituciones y empiece a "asfixiar al Estado reclamando la independencia, no les va a costar nada volver a coger un arma". En su opinión, "la disolución nunca va a ocurrir, ni siquiera un gesto de mentira porque sería perder toda la razón de su historia".

Al margen de la situación política, la ausencia de ETA, con esporádicos episodios de violencia callejera, se ha dejado notar en las vidas de los directamente amenazados por la banda, como empresarios, que han dejado de ser extorsionados con el denominado 'impuesto revolucionario', o políticos y jueces, muchos de los cuales han renunciado voluntariamente a sus escoltas y disfrutan de una vida en libertad.