La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, advirtió ayer de que la posible existencia de "un exceso" por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no justifica las descalificaciones personales y pidió que cesen de inmediato. Jueces y fiscales de la Audiencia calificaron de "intolerables" y "desmedidos" los insultos al magistrado proferidos por el portavoz del PP Rafael Hernando, quien acusó a Pedraz de "pijo ácrata" por criticar en una resolución la actuación de la Policía contra la protesta ante el Congreso, hecho que justificó por la "decadencia de la clase política".
El órgano de gobierno de los jueces, que había decidido no actuar de oficio, se verá obligado a pronunciarse sobre si Pedraz ha incurrido en falta grave después de que el sindicato ultraderechista Manos Limpias haya interpuesto ante el CGPJ una denuncia pidiendo que se sancione al magistrado por descalificaciones a otras autoridades y su crítica displicente a los políticos.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció que el Ministerio público está estudiando el auto de Pedraz, que archiva la causa contra los organizadores del 25-S, para ver si tiene discrepancias con su contenido "estrictamente jurídico". De haberlas, se iniciaría el recurso correspondiente, añadió. En cambio, Jueces para la Democracia pedirá a la Fiscalía que investiga si algunas críticas a Pedraz son constitutivas de delito.
El PSOE tachó de intolerable que el PP insulte a los jueces cuando no le gustan sus sentencias."Lo siento mucho, si Pedraz se ha sentido ofendido", dijo el popular Rafael Hernando.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, evitó pronunciarse, porque el Gobierno sabe hasta dónde tiene que llegar. "Los imputados son los que son, por lo que no se puede extrapolar otro de tipo de responsabilidad a quien no forma parte del objeto de la imputación material correspondiente", añadió.
