El Ministerio del Interior anunció ayer que no se plantea modificar la ley que regula el derecho de manifestación, después de que la propuesta hecha el martes por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para que se abra un debate al respecto, cosechase a lo largo de toda la jornada opiniones a favor y en contra.

Cifuentes abogó por "modular" la ley que regula ese derecho, aunque ayer aclaró que lo que pretende es "abrir un debate" sobre el asunto, pero no con la intención de que se restrinja el derecho de reunión o de manifestación.

Fuentes del departamento que encabeza Jorge Fernández Díaz aseguraron ayer que el Ministerio no tiene sobre la mesa un cambio de esa ley ni se lo ha planteado, y se negaron a hacer más comentarios sobre la propuesta de Cifuentes.

El rechazo de Interior contrasta con la buena acogida que las palabras de Cifuentes tuvieron ayer entre relevantes dirigentes del PP. El portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, consideró que hay "caminos a explorar" para intentar frenar el "abuso" en el derecho de manifestación, que es lo que, a su juicio, propuso la delegada del Gobierno. Hernando no justificó su empleo del término "abuso".

También se situó a favor del debate el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien afirmó: "La regulación administrativa viene antes que la penal", porque al que se le autorice una protesta y "no guarde los límites" ya sabe "que está sujeto a la legalidad". "Si debe regularse más de lo que está, que se haga", añadió Torres-Dulce, quien insistió en que son los tribunales los que tienen que decidir si una manifestación está bien autorizada o no.

Desde el PSOE, el rechazo a la propuesta de Cifuentes fue frontal. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió de que los socialistas no van a "tolerar más recortes de derechos". En un comentario personal publicado en Twitter, Rubalcaba se preguntó por qué la derecha "habla de modular cuando quiere decir restringir".

Entre tanto, uno de los imputados por promover la protesta celebrada el pasado 25-S ante el Congreso presentó ante el Juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional una querella contra Cifuentes, al considerar que fue la Delegación del Gobierno en Madrid la que "promovió y orquestó" la alteración del orden que se produjo en las inmediaciones del edificio del Congreso.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ordenó la apertura de una investigación interna sobre la intervención de los agentes antidisturbios en la estación de Atocha la noche del 25-S, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Dirección General de la Policía.

Según se detallaba en el auto judicial sobre los detenidos, los agentes antidisturbios de la Policía Nacional llegaron hasta el interior de la estación porque un grupo de personas estaban destrozando mobiliario en ella. La actuación policial en la estación fue denunciada como desproporcionada por varias de las personas que se hallaban esperando trenes o intentando salir de las instalaciones y que fueron golpeadas u obligadas a identificarse por la Policía, que irrumpió en el edificio entre disparos de fogueo. Por otra parte, un jefe de grupo de la brigada provincial de información ha perdido un 30% de visión en un ojo a causa de una agresión sufrida el 25-S cuando actuaba como infiltrado.