El Consejo de Ministros ha dado este jueves luz verde al Real Decreto Ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los abusos en sus prestaciones.
Entre las medidas aprobadas destaca el 'copago' de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros.
El Gobierno ha adoptado esta decisión teniendo en cuenta que casi el 80% de los fármacos dispensados a través de recetas los consume este colectivo.
La reforma también incluye el control del denominado "turismo sanitario" y "fraudulento", mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.
El decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Ejecutivo, "seguirán siendo gratuitas".
La extensión del uso de la Plataforma de Compras Centralizada para fármacos y tecnología, el fomento del uso de los genéricos, el abaratamiento de las medicinas y la adecuación de los envases a los tratamientos son otras de las actuaciones por las que se reducirá el gasto sanitario.
En cuanto al "copago farmacéutico" de los pensionistas, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta -el 90%-, aportarán un máximo de ocho euros al mes. Para los que tengan obligación de declarar, el límite estará en 18 euros mensuales.
Los pensionistas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales pagarán el 60% de las medicinas, pero tendrán un tope de 60 euros al mes.
Los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta seguirán abonando el 40% del precio de los fármacos, como hasta ahora, y los que sí deban declarar pagarán el 50%, un porcentaje que se eleva al 60% para las rentas superiores a 100.000 euros.
Este nuevo sistema, que podrá empezar a funcionar en un plazo de dos meses, tendrá un efecto "disuasorio" que evite que se acumulen y se tiren medicamentos de forma masiva, ha informado el Gobierno.
En relación con la cartera básica común de asistencia sanitaria, incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente.
La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones, similar al NICE británico, será la encargada de evaluar la ordenación prevista en la cartera.
Esta medida se complementa con la introducción de las nuevas tecnologías, la llamada E-Salud, lo que permitirá implantar la tarjeta sanitaria común compatible para todas las comunidades autónomas y la historia clínica digital.
De este modo, según el Ejecutivo, se reducirán las visitas y pruebas médicas innecesarias, logrando con este conjunto de medidas un ahorro mínimo de 700 millones de euros.
Por otra parte, el decreto incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que sacará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, a la vez que se incorporan otros innovadores.
Asimismo, se fijarán precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas, se potenciará el uso de genéricos y se adecuarán los envases a la duración de los tratamientos. Todas estas actuaciones supondrán un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.
El Gobierno estima que mediante la Plataforma de Compras Centralizada, que servirá para negociar los mejores precios en la adquisición de productos sanitarios, se logrará un ahorro mínimo de 1.000 millones de euros, que podría llegar a 1.500 millones.
Con esta normativa, se impulsa el desarrollo profesional del personal sanitario y se facilita la movilidad de estos profesionales entre los servicios de salud, mediante la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan equivalencias, lo que ahorrará 500 millones de euros adicionales.
La reforma incluye mecanismos para que el sector de la Sanidad y el de los Servicios Sociales funcionen de manera coordinada, y así se aprovechen los recursos de forma ordenada.
De este modo, por ejemplo, se garantizará que se recibe la atención adecuada en una residencia de mayores cuando no es necesario el uso de una cama hospitalaria, lo que ahorraría en torno a 600 millones de euros.
