La sentencia de la sala primera de la Audiencia Provincial de Palma en la primera causa del caso Palma Arena enjuiciada ha complicado, notablemente, la situación procesal de Iñaki Urdangarin y de Jaume Matas, imputados los dos en la pieza separada 25 y el segundo también en otras hijuelas del mismo sumario. El tribunal ha determinado que solicitar, y obtener, fondos públicos valiéndose de una posición ascendente sobre una autoridad es constitutivo de tráfico de influencias.
En la pieza 25 el duque de Palma es investigado por recibir, del Govern de Jaume Matas, 2,6 millones de euros, gracias a tres contratos, adjudicados sin concurso. Iñaki Urdangarin, según propia confesión, corroborada por Jaume Matas, y por el exdirector general de Deportes del Govern, Pepote Ballester, planteó, entre 2003 y 2006, al Govern varias iniciativas a desarrollar por el Instituto Nóos presidido por él: Dos foros sobre deporte y turismo y la llamada "oficina del proyecto" del patrocinio público de la escuadra ciclista Illes Balears.
Matas, defendido por Antonio Alberca, ha declarado que no pudo negarse a las solicitudes de Urdangarin "por venir de un miembro de la Familia Real, que, además, era duque de Palma".
Malversación de caudales
El fallo de la sección primera corresponde a la pieza separada 2. En él se declara culpables a Jaume Matas y a Antonio Alemany de un delito de tráfico de influencias, puesto que el segundo se prevalió de su ascensión sobre el president para obtener una subvención del Govern destinada a crear la Agencia Balear de Noticias, un proyecto paralelo a su diario en Internet Libertad Balear.
La sentencia también condena a Matas y al periodista Antonio Alemany por malversación de caudales, dado que parte de los fondos públicos entregados al segundo para redactar discursos presidenciales acabaron en manos de un tercero: la agencia de publicidad Nimbus.
En la pieza separada 25 se sospecha que buena parte de los 2,3 millones de euros públicos pagados al Instituto Nóos para organizar los foros turismo-deporte en Palma se desviaron a los bolsillos particulares de Urdangarin y su exsocio Diego Torres. El que se hubieran celebrado los dos seminarios, al igual que la elaboración de los discursos para Matas por parte del veterano periodista y empresario, no es obstáculo, según la sala, para la comisión de una malversación, porque no todo el dinero público sirvió a los intereses generales. Cabe, según la tesis de la Audiencia, justificar siempre cabalmente el destino del dinero público.
El primer fallo de la Audiencia sobre una pieza separada del Palma Arena es extrapolable a otros muchos casos de presunta corrupción investigados en Balears. El tribunal ve prevaricación y fraude a la Administración por la ocultación del verdadero destino de unos fondos públicos mediante un expediente y un concurso simulados. Matas fichó a Alemany para que, entre 2003 y 2007, le escribiera sus intervenciones orales de cierto calado, pero, por conveniencia del propio periodista, camufló esos servicios como si fueran un asesoramiento externo de la agencia de publicidad Nimbus al Govern, que nunca se prestó.
Matas y Munar
Otros delitos aparecen como consecuencia de aquella fabulación: la falsificación de facturas públicas y privadas por los imputados para aparentar los servicios de consultoría prestados por Nimbus y recibir el dinero del Govern.
La sentencia también desmonta el principal escudo exculpatorio de Jaume Matas: "Yo tomaba decisiones políticas, no me ocupaba de la tramitación administrativa de los expedientes donde se plasmaban mis decisiones y siempre confié en mis colaboradores".
Ese supuesto rol de president político e incontaminado, mantenido también por María Antònia Munar, exlíder de UM, en otras causas de presunta corrupción (Maquillaje, Can Domenge, etc) se ha roto en pedazos.
La sala primera declara probado que Jaume Matas ideó la simulación del concurso con Nimbus para encubrir el pago a Alemany por sus discursos y de ello deriva responsabilidades penales. El también exministro de Medio Ambiente aparece imputado en otras piezas separadas del caso Palma Arena donde se investiga el alcance penal de decisiones suyas polémicas: La contratación de los arquitectos del velódromo Palma Arena; el encargo a Calatrava de un anteproyecto de Ópera para Palma; las subvenciones y contratos para el grupo Nóos.
