Las administraciones públicas no podrán realizar aportaciones a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de jubilación durante el año que viene, según consta en el real decreto-ley que publicó el sábado el "Boletín Oficial del Estado" (BOE).
Esta prohibición del Gobierno afecta tanto a la Administración General del Estado como a las de las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los órganos constitucionales, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales.
Esta supresión de aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios €cuyo impacto, sin embargo, no se cuantifica€ se suma a la congelación del salario en 2012 y a la ampliación, de 35 horas a 37,5 horas, de la jornada de los trabajadores públicos.
El Gobierno ha justificado estas decisiones, englobadas en un paquete de medidas urgentes que supondrán un recorte del gasto de 8.900 millones de euros, en una estimación de déficit público para 2011 del 8 por ciento del PIB, que es dos puntos superior al que había previsto el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El Ejecutivo del PSOE ya infligió a los funcionarios un recorte medio del sueldo del 5 por ciento en el decreto de medidas contra la crisis de mayo de 2010. Después, en 2011, los salarios de los trabajadores públicos fue congelada.
Sin embargo, con todo y con eso, el Gobierno de Zapatero accedió a dedicar un 0,3 por ciento de la masa salarial a realizar aportaciones a planes de jubilación.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en el Consejo de Ministros del viernes "un recargo temporal de solidaridad" a las rentas del trabajo y el capital en el IRPF para los años 2012 y 2013 y una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) también por dos años.
