El Supremo deja en suspenso la inscripción de Sortu

La demanda, presentada a las 10:00 horas por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, añade que el único propósito del complejo ETA-Batasuna desde las últimas elecciones es acceder "como sea" a un "instrumento partidario legal" que les permita volver a las instituciones.

Los servicios jurídicos del Estado concluyen que los estatutos de Sortu no condenan en realidad el terrorismo etarra, sino que con una "forzada perífrasis" se limitan a manifestar su "voluntad y deseo" de contribuir a la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia.

Así, señalan que lo que Sortu pretende es, "aparentemente, contribuir a que desaparezca la violencia de ETA, pero una vez los fines de ETA hayan sido conseguidos, porque ETA considera que ya no es preciso seguir. Y, mientras tanto, la subordinación del nuevo partido a la estrategia de ETA o, en el mejor de los casos, su coordinación con la organización terrorista, resulta patente".

La demanda enumera hasta cinco "conexiones directas" de Sortu con ETA, como que en los documentos intervenidos al etarra Ibon Fernández Iradi, "Susper", figurara el nombre de una de las promotoras de Sortu como candidata a entrar en la organización o el hecho de que otro de los promotores sea titular de una cuenta bancaria desde la que se envió dinero a presos de la banda.

El Gobierno también incluye en su escrito varios ejemplos de que Sortu es "incapaz" de condenar a ETA, como la entrevista radiofónica hecha ayer mismo a la responsable de Sortu en Eibar (Guipúzcoa), Irene Zarraua, a la que se pidió que valorara la operación policial en la que fueron detenidos cuatro presuntos etarras, que almacenaban doscientos kilos de explosivo.

"Bueno, yo analista política no soy, pero bueno, se supone que si han descubierto algo, pues su labor... su eso es, hacer las detenciones ¿no? No se... pues qué van a hacer", respondió Zarraua.

Según la Abogacía del Estado, "la conclusión que se saca de la respuesta es obvia. Sortu y sus representantes y promotores son incapaces de condenar una actuación de ETA, como es el almacenamiento de explosivos y una cadena de asesinatos cometida por un comando de dicha organización".

La demanda también señala que una de las promotoras de Sortu, la concejal de ANV en el Ayuntamiento de Pamplona Mariné Pueyo, se negó el pasado 18 de febrero a secundar una moción de condena a ETA, "todo ello (...) cuando Sortu, a quien apoya, dinamiza y promueve, y en cuyos actos de presentación aparece, ya decía rechazar el terrorismo" en sus estatutos.

Menos de cinco horas después de que fuera presentada la demanda, la Sala del 61 del Tribunal Supremo dictaba una providencia admitiéndola a trámite y acordando dejar en suspenso los trámites para su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, tal y como prevé la Ley de Partidos.

La sala especial también ha dado traslado del escrito del Gobierno a la Fiscalía y a Batasuna -ya que se ha presentado como un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó a esta formación- y ha emplazado a Sortu para que pueda personarse en el procedimiento -del que será ponente el magistrado Carlos Lesmes- y formular las alegaciones que estime procedentes.

La semana que viene, el Supremo acumulará a la demanda de la Abogacía del Estado la de la Fiscalía, que, según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio Público, será presentada el lunes día 7.

Ningún representante oficial de Sortu ha valorado hoy la demanda del Gobierno o la decisión del Supremo, aunque el portavoz de la izquierda abertzale en Álava, Aitor Bezares, sí ha dicho que su legalización "es una necesidad imprescindible e ineludible" que "no se debe dilatar en el tiempo por intereses partidistas y políticos".