19 de diciembre de 2010
19.12.2010
Juan Ignacio Lema - Presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena)

"El chantaje al país deben pagarlo de forma exclusiva los controladores"

"Si fuera privada, Aena hubiera quebrado por culpa de unos sueldos inadmisibles", afirma

19.12.2010 | 01:39
Juan Ignacio Lema. // FDV

El presidente de Aena, el compostelano Juan Ignacio Lema, justifica en esta entrevista a FARO DE VIGO la prolongación del estado de alarma porque aún "no se dan las condiciones para garantizar el derecho de los ciudadanos a desplazarse". Lema acusa a los controladores de chantaje y confía en que sea solo este colectivo el que pague por los perjuicios ocasionados.

–¿Qué la parece la medida del Gobierno de prolongar el estado de alarma en el país?

–Creo que el Consejo de Ministros ha valorado las circunstancias actuales y ha llegado a la conclusión de que no se dan todavía las condiciones para garantizar el derecho de los ciudadanos a desplazarse durante las próximas semanas. Como no puede ser de otra manera, Aena acata esta decisión.

–¿No cree que podría haber esperado el Gobierno a aprobar el decreto, que hizo explotar a los controladores?

–En absoluto. Los controladores ya habían empezado a ausentarse injustificadamente de sus puestos de trabajo en el Centro de Control de Santiago a partir del 26 de noviembre, lo que obligó a cierres parciales del espacio aéreo gallego durante toda la semana. Aena les advirtió y les comunicó uno por uno que estaban haciendo una interpretación errónea de las normas y, por tanto, no habían agotado su jornada aeronáutica, fijada en 1.670 horas anuales. Y no sólo eso. El sindicato de controladores había advertido de que lo que empezó como un goteo en Santiago pronto hubiera sido una catarata. Por ejemplo, en Canarias hubiera supuesto que dejaran de trabajar hasta 11 controladores del Centro de Control; en el de Madrid habrían faltado 153 y en el de Palma 72, es decir, el resultado habría sido igualmente una grave perturbación del tráfico aéreo. Lo que pretendía el Gobierno con el decreto ley era aclarar cómo debía computarse la jornada para impedir esta interpretación unilateral. De modo que, con decreto o sin decreto, su intención era colapsar el tráfico aéreo.

–USCA, el sindicato de controladores, argumenta que hubo prisa por parte de Aena por cerrar el espacio aéreo y que era posible seguir volando.

–Es falso. A medida que los controladores se fueron declarando incapaces (por escrito y con una declaración jurada) para seguir trabajando, Aena fue cerrando sectores del espacio aéreo gradualmente y para que ningún avión volara sin las necesarias garantías de seguridad.

–¿Cuándo se le podrá decir a un viajero que ya no habrá problemas en España?

–Mientras dure el estado de alarma no habrá problemas en el espacio aéreo español. Pero deben ser los controladores los que se comprometan con la sociedad a no volver a realizar una acción tan profundamente antidemocrática como ésta, nunca más.

–¿Está preparada Aena para responder subsidiariamente por las denuncias presentadas a los controladores?

–Su acción nada tuvo que ver con un conflicto laboral, ya que no utilizaron ninguna de las herramientas que el Estado de derecho les brinda para resolver esos problemas. Fue una acción salvaje, un auténtico intento de chantaje a todo un país. Es una decisión que depende de los tribunales, pero confiamos en que se dictamine la responsabilidad exclusiva de los controladores.

–¿Qué opina cuando los controladores le culpan de llevarlos al límite y de poner en riesgo la seguridad aérea?

–No estoy de acuerdo en absoluto.Lo que ha hecho el Gobierno es terminar con una serie de privilegios de un régimen laboral inadmisible para una empresa pública, tal y como dictaminó la Audiencia Nacional.

–¿Cuándo estima que será rentable el ente público?

– Aena volverá a beneficios en 2014, gracias al plan de austeridad, la racionalización de las inversiones y el aumento de los ingresos.Los sueldos anteriores a la reforma del ministro de Fomento, 334.000 euros de media, eran inadmisibles y así lo reconocieron tanto el Parlamento, que aprobó la reforma del Gobierno, como la Audiencia Nacional, que ratificó la legalidad del Real Decreto Ley del 5 de febrero y de la Ley 9/2010. De ser Aena una empresa privada hubiese quebrado sin duda en lo que se refiere al negocio de navegación aérea. Teníamos los costes más altos de Europa, la productividad más baja y unas pérdidas anuales de 200 millones porque, a pesar de tener las tasas de navegación aérea más altas de Europa, no podíamos recuperar todos los costes.

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