El Gobierno regional planea reducir por ley el número de liberados sindicales en la Comunidad, medida que afectaría a unos 2.000 de los cerca de 3.500, así como rebajar de 75 a 40 las horas al mes el tiempo para que los liberados que queden puedan llevar a cabo su función representativa.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, ha explicado a Efe que ese proyecto entra dentro de la legalidad, ya que se trata de adaptar a la normativa regional lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007 y de ámbito estatal.

Granados se ha quejado de que durante dos años el Ejecutivo regional ha negociado con los sindicatos esa adaptación, sin éxito, y ahora va a optar por regularlo a través de una ley, para evitar que "con el dinero de los madrileños se mantenga una oligarquía o aristocracia sindical".

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, detallará más aspectos de ese proyecto, así como los plazos de la ley, durante su intervención hoy en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región.

En la primera jornada, de ayer, Aguirre se limitó a aludir a esa cuestión, que ya generó una amplia polémica en ámbitos políticos y sindicales.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por ley, lo que además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica", afirmó Aguirre.

Granados recordó que en los dos años de negociación los sindicatos se negaron a "renunciar a sus prebendas" y subrayó que el ajuste apuntado por la presidenta regional se puede hacer por ley.

El consejero dijo que en la Comunidad hay unos 1.500 delegados de personal, de los que ha añadido que son liberados sindicales elegidos por los trabajadores y cuyo número no se reducirá.

La reforma sí afectará a otros 2.000 liberados, que Granados considera elegidos por las direcciones de los sindicatos y no por los trabajadores, por lo que la pretensión es suprimir esa cifra.

La ley rebajará de 75 a cuarenta las horas mensuales que los delegados de personal podrán dedicar a sus tareas sindicales de representación de los trabajadores.

"No vamos a recortar derechos sindicales", enfatizó Granados, quien aountó que todo se hará de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores y al del Empleado Público.

También se dirigió a PSOE e IU para preguntarles si estaban dispuestos a mantener la actual estructura sindical "con el dinero de los madrileños".