El Gobierno ignoró un informe confidencial elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que alertaba sobre los problemas que la detención de los dos piratas podría tener en las negociaciones para liberar el "Alakrana". El informe fue elaborado el sábado 3 de octubre, diez horas antes de la detención de los dos presuntos piratas, y fue remitido al Estado Mayor de la Defensa.

Tal documento clasificado desaconsejaba la operación argumentando que los piratas podrían reaccionar elevando la tensión y, por tanto, perjudicar las negociaciones. El informe, al que tuvo acceso la Ser, no descartaba que los piratas pudieran incluso tomar represalias contra la tripulación.

En el informe se afirmaba también que los dos piratas avistados en el esquife podrían no ser verdaderos ejecutores del secuestro, sino "colaboradores" de los secuestradores en el avistamiento de buques. La valoración del CIFAS fue, según fuentes militares, la que imperó en Defensa hasta que Moncloa optó por una valoración contraria. Moncloa ordenó a Defensa detener a los piratas basándose en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que consideró erróneo el aportado por el CIFAS.

La detención de los somalíescomenzó en la noche del sábado 3 de octubre y se prolongó hasta la madrugada del domingo 4. Defensa procedió a la detención tras recibir una orden en tal sentido de Moncloa y a pesar de que sus propios informes lo desaconsejaban.

Tal información fue respondida ayer desde el Ministerio de de Defensa, que aseguró que la coordinación formada por el Gobierno a raíz del secuestro del "Alakrana" asumió con "total unanimidad" la decisión de traer a España a los piratas "Abdu Willy" y Raageggesey, detenidos por la Armada Española el 3 de octubre en 2004.

Este órgano de coordinación está encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, e integrado por los ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos; de Defensa, Carme Chacón; de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez.

Defensa esgrimió que "El Jemad, a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata "Canarias" conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta y que, por lo tanto, se procediese a detener los piratas en flagrante delito de piratería. "Esas normas de la Atalanta son la acción común 2008/5/5/11 PESC del Consejo de la UE en sus artículos 2 y 12".

Mientras, la Audiencia Nacional ordenó trasladar a España, en vez de a Kenia, a los piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero "Alakrana" después de que el Gobierno comunicara su detención a este tribunal, al considerar que la competencia del caso corresponde a la justicia española.

El presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, quiso dejar claro ayer que este tribunal no tomó la iniciativa a la hora de decidir a dónde debían ser trasladados los piratas, cuyo encarcelamiento en España está complicando la liberación de los 36 tripulantes del pesquero.

Según la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón "cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar" la situación de los detenidos, después de la petición que le cursó la Fiscalía General del Estado, a partir de la denuncia del arresto presentada por la Abogacía del Estado.

"Ningún juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna", concluye el tribunal, de cuya decisión depende qué se va a hacer con los piratas "Abdu Willy" y Raageggesey cuyo regreso a Somalia exigen los secuestradores para poner fin al cautiverio.