El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, considera que los delitos de corrupción, "sea de personas públicas o entre particulares, deben ser especialmente excluidos del ordenamiento o perseguidos porque suponen no sólo quebrantar la ley, sino también en gran medida los cimientos de un sistema democrático".
El ministro elude, por otra parte, valorar la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que decretó anoche el ingreso incondicional en prisión de cinco cargos políticos y ex dirigentes de CiU y el PSC detenidos en la 'operación Pretoria', desarrollada para desarticular una presunta trama de corrupción que habría tenido su epicentro en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
"No voy a entrar en valoraciones respecto de actuaciones adoptadas en el ejercicio de su independencia por los tribunales de justicia", ha dicho Caamaño.
Tras la firma en la capital grancanaria de un convenio de colaboración con el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, para la coordinación de medios materiales y humanos, el titular de Justicia ha destacado que "en muy breves fechas" se remitirá la reforma del Código Penal al Congreso de los Diputados.
En este sentido, ha subrayado que en esa reforma del Código Penal "se establece todo un cuadro de medias punitivas en materia de corrupción, medidas que están en línea con las decisión marco aprobadas por la UE en muchos casos" y que, en su opinión, constituyen "un instrumento sumamente útil para atajar este mal, que es una de las peores circunstancias que se pueden dar en un Estado democrático".
