Nuevo golpe a la corrupción en la provincia de Barcelona. El ex conseller de la Generalitat Maciá Alavedra; el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, son tres de las ocho personas detenidas en una operación contra la corrupción desarrollada ayer. En la operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, también fueron arrestados por la Guardia Civil el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García. A estos se suman dos constructores, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.
A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. La operación permanecía abierta al cierre de esta edición por lo que no se descartaba nuevos arrestos.
Desde primera hora de la mañana, agentes del instituto armado registraron la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma. También inspeccionaron la sede de la empresa municipal de promoción inmobiliaria Gramepark S.A. y de la empresa municipal de promoción empresarial Grameimpuls S.A. La Guardia Civil investiga si la red operaba a través Gramepark, presidida por uno de los detenidos, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco.
Los investigadores tratan de averiguar si esta empresa municipal, que nació hace 20 años como constructora de aparcamientos, fue utilizada por la trama, que presuntamente operaba mediante la adjudicación de obras y servicios vinculados a la construcción.
Fraude
La operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey. En este fraude se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los detenidos ahora por orden del juez Garzón.
Las investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal".
Las pesquisas sobre el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta y el rastro de las transferencias llevaron hasta varios despachos de abogados, entre ellos Petrus, que según la investigación cooperaron presuntamente en una operativa para defraudar al fisco y de ese modo "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus clientes, informa OTR/Press. La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía a su vez del sumario sobre la gestión económica de la Expo del 1992 y el supuesto cobro de comisiones, después de que el Tribunal de Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas.
Los partidos de hicieron rápidamente eco del caso y desde el Partido Socialista Catalán dejaron claro que se expulsará al alcalde de Santa Coloma, así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo si se les imputa algún delito. CiU enmarcó las detenciones de Alavedra y Prenafeta en el ámbito privado y destacaron que están desde hace años lejos de la cúpula de CiU.
Desde el Gobierno de la Generalitat, el conseller de Interior, Joan Saura, aseguró que el Gobierno catalán se mantendrá "intolerante" ante cualquier posible caso de corrupción en Cataluña por lo que pidió a los ciudadanos que en "estos momentos difíciles" mantengan su "confianza" en las instituciones y el Estado de Derecho.
Por su parte, Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona, concejal en Santa Coloma de Gramanet y marido de la diputada socialista, Manuela de Madre se perfila en estos momentos como sustituto del actual alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, a la espera de lo que dictamine el juez tras detener a Muñoz.
