Portavoces de PSOE, PP, CiU y PNV se cruzaron esta noche reproches en el Pleno del Congreso a cuenta de los últimos casos de corrupción que hoy copan las primeras páginas de los periódicos, desde la conocida red 'Gürtel', que afecta al entorno del PP, a la operación de esta misma mañana en Santa Coloma de Gramanet y otros municipios de Barcelona, que ha acabado con la detención de un alcalde del PSC y dos ex colaboradores de Jordi Pujol en la Generalitat de CiU. En ese contexto, ERC avisó de que ese clima conduce a la abstención y perjudica a todos los partidos.

El debate se suscitó a raíz de una moción pactada por PSOE y ERC para endurecer las penas contra la corrupción siguiendo las recomendaciones del Informe GRECO del Consejo de Europa y para reformar la Ley de Financiación de Partidos Políticos limitando las donaciones que reciben las fundaciones de las formaciones políticas.

El secretario general de ERC, Joan Ridao, subió a la tribuna para presentar la iniciativa "todavía aturdido por la magnitud de los hechos de Santa Coloma y otros municipios que, después del caso Millet (Fundación del Palau), suponen un hachazo y un auténtico obús sobre lo que ha sido el oasis de las aguas estancadas de la Cataluña sociovergente dominante hace años".

Ridao subrayó la necesidad de acabar con la "lacra" que supone la corrupción que, a su juicio, además de suponer una amenaza "muy seria" para el Estado democrático, provoca "cierta desazón, desafección y deserción" de la sociedad hacia la política, aunque, según denunció, "sorprendentemente algunos partidos parecen inmunes ante estos episodios".

Berlusconización de la política

En este punto, criticó que en Valencia "un juez amigo deje en libertad a según quien o archive el caso --en referencia a la rama valenciana de la trama 'Gürtel'-- o que, en Barcelona, otro magistrado no aprecie razones para decretar la prisión preventiva de Millet", mientras que en los partidos afectados, PP y CiU respectivamente, miran "para otro lado", nadie dimite o incluso echen mano de la "victimización". "Asistimos a la berlusconización de la política española", resumió.

Por su parte, el socialista Julio Villarrubia afirmó que los partidos políticos tienen la obligación de luchar contra la corrupción y "expulsar de lo público a esa minoría de indeseables que suponen un peligro para la convivencia".

Eso sí, aprovechó para recalcar que el PP tenía "auténtica alergia" a la Fiscalía Anticorrupción y la dejó "languidecer" cuando gobernaba y que ha sido el Gobierno socialista el que la ha impulsado, dotándola de más medios, lo que se ha traducido en un mayor número de investigaciones. En ese sentido, criticó la reacción del PP ante los casos que les afectan, en alusión a la denuncia de una supuesta campaña en su contra. "Miren en sus propias filas", les emplazó.

La Fiscalía anticorrupción, un apéndice servil del Gobierno

De su lado, el diputado 'popular' Juan Manuel Moreno respondió a los socialistas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha querido potenciar "tanto tanto" la Fiscalía Anticorrupción que "la ha querido convertir en un apéndice servil del Gobierno".

En todo caso, se mostró de acuerdo con que ahora socialistas y republicanos catalanes planteen dotar de más medios humanos y materiales no sólo a la Fiscalía Anticorrupción, sino también al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Tributaria, como, según destacó, ya lo propuso el PP en 2007.

Entonces, según recordó, el PP también planteó algunos de los puntos que se recogen en la moción pactada por el PSOE y ERC, si bien aclaró que éstos fueron rechazados. A su juicio, las medidas que ambas formaciones ponen encima de la mesa resultan "claramente insuficientes" porque no dotan de los mecanismos necesarios de control y transparencia a la financiación de los partidos.

El ponente de CiU, Jordi Xuclà, no hizo alusión a las investigaciones anticorrupción que ocupan hoy las primeras páginas de los periódicos, pero sí quiso sacar a colación el caso de la condonación de deuda de los partidos, lo que afectó preferentemente al PSOE y al PSC, recordando que el Tribunal de Cuentas ya dijo que esas operaciones constituyen financiación irregular.

Por último, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, quiso dejar claro que ningún cargo de su partido ha sido imputado por corrupción, algo que, según recalcó, no pueden decir otras formaciones. "Algunos tienen problemas, condenas firmes y otros no hemos tenido ninguna imputación", enfatizó.