Desde su aparición en escena, ya hace muchos meses, la trama Gürtel ha tenido distintos frentes de atención: sobre todo, la territorial, Madrid, Valencia y las restantes regiones de actuación. Pero también los distintos juzgados en los que se repartieron las tareas de juzgar: el TSJ de la Comunidad Valenciana, el TSJ de Madrid y el Supremo para los aforados Bárcenas y Merino.

Y siempre alguno de esos frentes de atención ha sido más merecedor de atenciones que los otros. Valencia, por lo general, ha reclamado ese plus de atención por la forma muy distinta de abordar la cuestión, frente a lo sucedido en la Comunidad de Madrid.

El presidente de la comunidad, Francisco Camps, no ha conseguido, como sí logró Esperanza Aguirre, que las responsabilidades recayeran en sus colaboradores, ni siquiera después de la destitución del secretario general del PP y portavoz en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa.

Camps sigue teniendo sobre sí el foco de la atención prioritaria, por más que en una primera instancia su amigo el juez De la Rúa le haya beneficiado con una presunción de inocencia que ni siquiera muchos de sus colegas aprecian. Camps es muy singular, incluso en sus apariciones públicas y en sus sucesivas declaraciones y proclamaciones de inocencia, como demostró con su comparecencia ante el pleno de las Cortes Valencianas, en el que responsabilizó al Gobierno socialista del caso Gürtel.

Se trataba de la primera sesión de control celebrada en la Cámara autónoma desde junio y Camps la aprovechó para ningunear el escándalo: "Yo, que no sigo muy de cerca esta cuestión, le diré que esos pretendidos amigos [El Bigotes y sus socios] parece que son amigos de La Moncloa, que hablan directamente con gente de La Moncloa y que La Moncloa, además, les adjudica obras a lo largo de este año", llegó a decir, en medio del estupor general...

Eso sí, le secundó el nuevo portavoz popular, Rafael Maluenda, quien se estrenó en los pasillos de las Cortes calculando en 300 millones las adjudicaciones del Gobierno a empresas de la trama Gürtel, esencialmente a la constructora Teconsa, desde cinco ministerios.

No menos sorpresa causó Camps al interpretar que el auto de archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el caso de los trajes que El Bigotes le proporcionó a él y a varios dirigentes del PP es una sentencia exculpatoria en firme, y de ahí que exigiera disculpas a los socialistas.

"Todavía no le he oído pedir perdón después de que el TSJCV archivara aquella infame acusación contra mí que se sobreseyó libremente. Y todavía no ha pedido perdón". Tanto el PSPV como el grupo parlamentario Compromís exigieron, sin éxito, explicaciones por el caso Gürtel por el informe policial acerca de la supuesta financiación irregular del PP en la comunidad, por el negocio hecho por la trama corrupta con la organización del viaje del Papa a Valencia y por la defenestración del secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa.

El portavoz socialista acusó a Camps de haber endosado la responsabilidad a Costa. Han relatado los cronistas que varios diputados populares evitaron aplaudir las intervenciones de Camps.

El presidente valenciano explicó que Costa, efectivamente, había actuado bajo las directrices del PP de España y de la Comunidad Valenciana; es decir, con responsabilidad y con legalidad, en una afirmación que despertó nuevas sospechas sobre el deseo de Camps de compartir responsabilidades con Rajoy. En cuanto a la situación orgánica de Costa, separado temporalmente pero no depuesto como secretario general del PP valenciano, sigue generando polémica en la organización nacional.

Javier Arenas, vicesecretario general del partido, afirmó que "no se descarta que Costa vuelva a tener responsabilidades de dirección en el PP valenciano". María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ofreció otra versión, algo críptica: "Un secretario general de un partido lo es hasta que deja de serlo.

La ambición de Costa era lo que era, y como ya no es, no hay mucho más que decir". En el referido debate en las Cortes valencianas, Mónica Oltra, portavoz de Compromís, pidió a Francisco Camps: "Deje ya esa sonrisa de Tita Cervera. "Usted ha mentido al pleno de las Cortes y ha hecho el ridículo". Camps replicó: "Los socialistas dejaron el Gobierno por el caso GAL y, ahora, dejarán el Gobierno por causa de las dos "Ges", el Gal y el caso Gürtel".

Pero ya no es este el único punto de fricción por el Caso Gürtel. Los abogados de los mafiosos de la Gürtel mantienen a su vez, otra pelea jurídica por razón de las escuchas a las que fueron sometidos sus clientes, que consideran fuera de la legalidad. El juez Baltasar Garzón ha defendido, precisamente en Valencia, su intervención en aquella investigación del 'caso Gürtel' y las escuchas realizadas a los abogados de los imputados que él mismo ordenó.

"Las intervenciones realizadas se ajustan a la legalidad y cuando llegue el momento quedarán las cosas perfectamente claras y diáfanas", ha dicho el magistrado. Garzón ha subrayado que el proceso "ha sido ajustado y proporcionado" y se ha llevado a cabo "bajo control judicial y del ministerio fiscal".

Respondía de este modo a la querella anunciada, pero aún no presentada, por el Colegio de Abogados de Madrid, de elevar quejas a la Audiencia Nacional, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía por tales escuchas, presuntamente ilegales, a los abogados de los imputados en el 'caso Gürtel' ordenadas por el juez.

El Colegio de Abogados califica la grabación de las comunicaciones entre imputados y sus abogados de "intolerable para el derecho de defensa". Garzón no quiso valorar las acusaciones contra él del Partido Popular. El magistrado ha recordado que no puede entrar a debatir algo que forma parte de una investigación penal que sigue abierta". "Me gustaría dejar claritas las cosas, pero no puedo", ha lamentado.

También le han preguntado por la posición del presidente en funciones del TSJ de Valencia, Juan Luis de la Rúa, y sobre si éste debería haberse abstenido en el proceso de los trajes por su supuesta amistad con Camps.

"No puedo opinar, pero cada uno sabe qué puede hacer y qué no y la ley es igual para todos", ha sentenciado. Garzón ha defendido también su imparcialidad y la de la Fiscalía y, pese a que ha reconocido que "los jueces sufren presiones", ha recordado que "hay que aguantarlas y ser independiente".