La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha defendido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 en el Congreso como instrumento para mitigar el impacto de la crisis económica, proteger a los que tienen más dificultades, empezar a crear un nuevo modelo de crecimiento "más equilibrado" y sentar las bases de una recuperación que irá cobrando impulso a lo largo del año.
En su intervención, Salgado ha vuelto a defender la subida de impuestos que incluyen estas cuentas, un alza "moderada" sobre el gravamen del consumo y del ahorro que, en su opinión, no tiene por qué afectar a la actividad económica.
Salgado, que ha calificado una vez más los Presupuestos de "austeros", aseguró también que el texto del Ejecutivo supone un primer paso "moderado, pero decidido" para la "necesaria" consolidación de las cuentas públicas mediante una reducción de 7.500 millones en el gasto y un "moderado" incremento impositivo que elevará los ingresos.
La ministra reconoce el recorte del gasto en I+D+i del 3,1% pero, en contrapartida, ha avanzado que el proyecto de Ley de Economía Sostenible incluirá "una aportación adicional para I+D+i, tanto a través del fondo estatal para la economía sostenible (dotado con 20.000 millones), como a través de medidas de estímulo fiscal".
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha advertido que la creación de empleo "aún tardará en llegar" y la reactivación económica será "lenta", y por eso la "estrategia de salida", es decir, la supresión de las medidas de estímulo contra la crisis, se hará "sin prisa" y "con prudencia".
La ministra de Economía y Hacienda ha insistido en que lo peor de la crisis ha pasado y el Producto Interior Bruto (PIB) español volverá a registrar crecimientos intertrimestrales en el primer semestre del año que viene, a pesar de que en el conjunto de ese ejercicio seguirá habiendo caída económica y destrucción de empleo.
Según Salgado, los "síntomas de recuperación" que ya se perciben "convivirán con la continuación de los efectos negativos de la crisis", especialmente los que tiene sobre el empleo.
El Gobierno confía en el respaldo de PNV y Coalición Canaria para superar el trámite tras el principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes, si bien la negociación con los nacionalistas vascos todavía no se ha cerrado y en estos momentos se sigue trabajando en un acuerdo en materia de inversiones de cuyo éxito dependerá el sentido del voto del PNV.
En cualquier caso, fuentes parlamentarias avanzaron que existe un "clima de entendimiento" entre PSOE y PNV después de que los socialistas dieran satisfacción a sus "precondiciones" (que pasan por pactar el 'blindaje' del Concierto Económico vasco, la devolución de hasta 450 millones del IVA a Álava y la negociación sobre las transferencias de empleo al País Vasco).
Aun así, previsiblemente el acuerdo no llegue a firmarse hasta el miércoles, cuando se voten los Presupuestos, y se podría traducir en una serie de enmiendas asumidas por el PSOE.
El PNV quiere aprovechar el trámite parlamentario para remediar el recorte del gasto en I+D+i contemplado para el próximo año, ya que consideran que se trata de uno de los "pilares fundamentales para el cambio de modelo productivo y el futuro de la economía vasca".
Ni IVA ni Sicavs
Los socialistas también han mantenido contactos telefónicos durante todo el fin de semana con los portavoces de ERC, IU, ICV y BNG para tratar de convencerles de que retiren las enmiendas de devolución a cambio de ciertas concesiones en materia fiscal, como mantener la deducción del IRPF de los 400 euros para las rentas inferiores a 11.000 euros anuales y hacerla "progresiva" desde esa cantidad hasta los 15.000 euros, lo que supondría un recorte de la recaudación de entre 1.400 y 1.500 millones de euros.
Los socialistas tratan de apurar el margen que les ha concedido el Ministerio de Economía y Hacienda para revisar la propuesta fiscal que contienen las cuentas públicas para el próximo año, que cuenta con dos claras 'líneas rojas': no se revisará la subida de dos puntos del tipo general del IVA ni la tributación de las Sicav, aunque la posibilidad de revisar la tributación del IRPF para las rentas altas sigue sobre la mesa.
La única oferta que hasta ahora han confirmado es la de mantener la deducción del IRPF de los 400 euros para las rentas inferiores a 11.000 euros anuales y hacerla "progresiva" desde esa cantidad hasta los 15.000 euros , si bien el umbral puede elevarse hasta los 18.000 euros si las negociaciones con la izquierda fructifican.
