Más de un 23 por ciento de los jueces han secundado la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los convocantes elevan a entre un 34 y un 36,5 por ciento.
Este seguimiento es inferior al de la primera huelga de jueces celebrada hace siete meses y que fue secundada por un 35,58 por ciento de los magistrados en ejercicio, aunque las entonces asociaciones convocantes -la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente- lo situaron en un 60 por ciento.
En esta ocasión, de los 4.543 jueces y magistrados que ejercen en España, un total de 1.048 han seguido la convocatoria de huelga de la asociación mayoritaria y de carácter conservador y que no han apoyado las otras tres agrupaciones de la carrera judicial.
Para el portavoz de la APM, Antonio García, la convocatoria constituye "todo un éxito", teniendo en cuenta las circunstancias en que se ha producido con "zancadillas" y dificultades que han tenido que sortear muchos jueces.
Según los datos de los que dispone hasta el momento esta asociación, sobre una plantilla de unos 4.000 jueces, entre 1.459 y 1.545 han secundado el paro.
García ha destacado que la diferencia entre la convocatoria de esta jornada respecto a la del 18 de febrero es la respuesta inferior que ha tenido en las grandes capitales, Madrid y Barcelona.
La respuesta de los jueces, ha señalado el portavoz de la APM, pone de manifiesto que un número importante de jueces en España no se cree que el programa del Ministerio vaya a cambiar la Justicia en España.
Por ello, ha expresado su esperanza en que el departamento que dirige Francisco Caamaño "reoriente" su política. El seguimiento ha sido desigual ya que mientras en algunas comunidades autónomas se ha elevado o ha rozado el 50 por ciento, en otras ha rondado el 15 por ciento.
Las comunidades autónomas que han tenido un mayor seguimiento han sido Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que las que menos jueces han tenido en paro son las de Madrid, Navarra y Cataluña, según ponen de manifiesto las cifras facilitadas por el CGPJ.
