El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer una modificación legal que persigue evitar el derribo de viviendas en núcleos costeros tradicionales que podrían verse afectados por la Ley de Costas, de manera que, clasificados como suelo rural, pasen a suelo urbano. Esta proposición de ley fue promovida por los grupos de Coalición Canaria (CC) y PP, mientras que el PSOE, que votó en contra al considerar que vulnera la Constitución, defendió que en casos de conflicto por la aplicación de la Ley de Costas debe estudiarse caso por caso para no perjudicar el interés general en el uso del espacio público.
El diputado socialista Manuel Fajardo vaticinó que esta nueva ley canaria quedará paralizada en cuanto el Gobierno central presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al igual que ha ocurrido con una norma similar aprobada en Galicia.
La ley aprobada, que supone una modificación de las leyes canarias de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, establece como áreas urbanas todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. También las áreas que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie si el planeamiento municipal estuviera en vigor, o la mitad de su superficie si no fuera así.
Se determina que “la administración urbanística” fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos.
Además, el Gobierno de Canarias realizará un censo de edificaciones ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección que tengan “valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco” para que puedan ser consideradas en concesiones y autorizaciones.
