Así lo aseguró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al explicar en el pleno del Congreso esta nueva línea de crédito que el Consejo de Ministros aprobará el viernes.
Zapatero señaló que la nueva línea no supone que la Administración central asuma las deudas de aquellos ayuntamientos que paguen tarde y mal, porque se va a prevenir expresamente esta posibilidad.
Los avales que proporcionará el ICO, dijo, no necesitarán ser ejecutados si la factura correspondiente ha sido emitida por un ayuntamiento que paga "dentro de un plazo razonable".
En caso de que esto no sea así, el aval será ejecutado y el ICO se verá resarcido mediante una retención a su favor en la participación de las entidades locales de los Tributos del Estado, apuntó el presidente, quien no obstante apostilló que es sólo "una minoría" de ayuntamientos la que se comporta de ese modo.
El presidente explicó que el Gobierno pondrá en marcha esta línea, dotada con 3.000 millones de euros, para garantizar el oportuno cobro de las facturas endosadas por las empresas y autónomos correspondientes a obras y servicios prestados a entidades locales.
La provisión de los avales facilitará el descuento de estas facturas por parte de las entidades financieras, pues el ICO respalda el pronto pago del cien por cien de esas facturas, con un límite de 300.000 euros por beneficiario.
De esta forma, al eliminar el riesgo de una excesiva demora en el cobro de las facturas de los ayuntamientos, "miles de autónomos y empresas verán mejorada sustancialmente una importante fuente de liquidez: el descuento de derechos de cobro", añadió.
El jefe del Ejecutivo señaló, asimismo, que el acceso a esta línea de avales conllevará la obligación de no cargar un tipo de interés por estos descuentos superior al 5 por ciento.
El objetivo último es el de que fluya más crédito y que lo haga a un coste asumible para las empresas, señaló Zapatero, quien apuntó que se incentiva a las entidades financieras a que participen activamente por medio de la eliminación del riesgo de tardanza en el cobro, y también se apremia a los ayuntamientos, para que no dilaten demasiado esos pagos.
