La futura Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables contiene una serie de medidas destinadas al ahorro de energía en edificios, grandes empresas, transportes y administraciones. Entre ellas, está la figura del gestor de ahorro energético para los edificios con más de mil metros cuadrados útiles.

El Gobierno creará la figura del gestor “encargado de seguir mensualmente el consumo de energía del edifico y que a final de año realice un informe sobre el consumo de energía y emisión de CO2 para detectar desviaciones y proponer mejoras de la instalación del edficio”, según adelantó el diario El País, que tuvo acceso a un borrador de la ley. Una de las ideas que se maneja es crear este gestor -que puede ser “el administrador de fincas si se especializa o una empresa de servicios energéticos”, cuya creación impulsará el Ministerio- “para optimizar los consumos de energías en sus instalaciones”.

El Ministerio de Industria, en un comunicado, negó ayer que se vaya a obligar a las comunidades de vecinos y propiedades residenciales a contar con este gestor. En los diversos borradores de trabajo sobre esta norma se contempla en varios apartados la figura del gestor energético, pero sin que se haga referencia a comunidades de vecinos, explica el ministerio dirigido por Miguel Sebastián, que indicaron además a Europa Press que la nueva norma estará previsiblemente lista para su aprobación por el Gobierno a finales de junio o en julio.

El texto del borrador de la futura ley también establece que los nuevos inmuebles se construyan aprovechando la luz natural. Entre otras medidas también se establece que la orientación de nuevas calles y edificios se orientarán para aprovechar la luz del sol y minimizar el consumo de la calefacción y la refrigeración. Las farolas deberán evitar que su luz se pierda hacia el cielo y el almubrado público sufrirá restricciones.

Otras de las novedades que se incluyen en el borrador es que las empresas más grandes, los polígonos industriales y áreas comerciales tengan un plan de transporte colectivo “para disuadir sobre el uso individual del coche” y deberán “facilitar el acceso peatonal, en bicicleta y en transporte público, colectivo o compartido, tanto de los empleados como de los clientes y visitantes”.

El borrador incluye también que las autoescuelas enseñen “técnicas de conducción eficiente para ahorrar combustible. Otra de las propuestas es que las ciudades de más de 25.000 habitantes tengan planes de movilidad que favorezcan el transporte público; se estudiará un sistema para cobrar por el uso de carreteras y para incentivar el tren, y las gasolineras deberán incorporar surtidos con el fin de abastecer de biocarburantes.