Caamaño ha intervenido en el pleno del Congreso para responder al diputado del PP por Valencia Esteban González Pons, quien presentó una interpelación sobre la legalidad del sufragio de la vicepresidenta, quien, según el parlamentario 'popular', se empadronó en la localidad de Beneixida una vez superado el plazo previsto por la ley.

El ministro ha indicado que De la Vega "actuó en defensa de un derecho que establece la ley, el derecho al voto", el cual "honra" al pueblo español por formar parte de un Estado de Derecho.

Y la vicepresidenta, "como parte de ese pueblo", ejercitó en las últimas elecciones generales su derecho al sufragio "conforme a la ley". "Y eso nunca ofende, ni por eso forma parte de un club privado", ha remarcado.

Tal y como ha explicado Caamaño, frente a las "medias verdades" de Pons o "la negación de la evidencia", cabe destacar que "la ley vincula a todos los ciudadanos", y si regula el cumplimiento de un derecho fundamental "la obligación" de aplicar la norma es "mayor".

Eso sucedió, a su juicio, con el cambio de residencia de la vicepresidenta para que votara en la circunscripción de Valencia, por la que se presentó como número uno del PSOE.

Caamaño ha precisado que para este caso corresponde la Ley del Régimen Electoral General, que establece que para los comicios el censo vigente será el que se cierre el día primero del mes anterior a la fecha de la convocatoria. "Resulta claro que cualquier modificación anterior a esa fecha deberá ser incorporada al censo", ha añadido.

La fecha de cierre del censo para las generales del año pasado fue el 1 de diciembre de 2007, pero la Oficina del Censo permitió, mediante una resolución con fecha de 31 de enero de 2008, que superaba una anterior contradictoria con la ley, que 300 personas votasen el 9 de marzo porque habían reclamado hacerlo debido a su cambio de domicilio.

De la Vega, que había pedido el nuevo empadronamiento en Beneixida el 27 de noviembre, fue una de las personas favorecidas.

La citada resolución no se publicó en el BOE porque, ha indicado el ministro, no era una norma, sino un acto de reconocimiento de derechos, que basta que sea notificado a los afectados, a esas 300 personas, entre las que figuraba De la Vega.

González Pons ha afirmado que éste es "un asunto oscuro" porque el Gobierno "manipuló sin decírselo a nadie el censo de las últimas elecciones generales para que la vicepresidenta pudiera votar en la circunscripción por la que era candidata y donde es notorio no reside".

Según ha referido, De la Vega se empadronó en Beneixida efectivamente el 27 de noviembre de 2007, un alta que el Ayuntamiento correspondiente no comunicó hasta el 5 de diciembre, ya superado el plazo de cierre del censo.

Ha añadido que la vicepresidenta presentó una reclamación que le fue desestimada, pero en vez de recurrir al juez de primera instancia, como exige la ley, se hizo una resolución que "cambió el criterio de confección de las listas de votantes", sin la comunicación pertinente a las administraciones competentes ni figurar en el BOE.

Al final, De la Vega se dio de alta en el censo el 11 de febrero de 2008, menos de un mes antes de las elecciones.

Y todo ello, ha afirmado, "no tiene perdón" en el ámbito de "la decencia política".

Para Caamaño, la versión de Pons es "un castillo en el aire con naipes marcados" y "un escenario de cartón".