Según informó Izquierda Unida en una nota de prensa, que recoge datos de una respuesta parlamentaria del Gobierno a su portavoz, Gaspar Llamazares, pese al coste ya desembolsado, estas acciones "prácticamente no han hecho más que empezar" y "queda aún muy lejos que se pueda dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión".

Con respecto a los motivos y objetivos que llevaron al Ejecutivo a abrir esta vía judicial, el Ejecutivo explica que "ante la magnitud del desastre y de su coste, el Gobierno de España, entre otras acciones judiciales, decidió reclamar por esos gastos la responsabilidad de la empresa norteamericana 'American Bureau of Shipping' (ABS) ante los tribunales norteamericanos".

ABS fue la sociedad clasificadora que certificó las condiciones de navegabilidad del 'Prestige' y el Estado español entiende que es responsable de que el buque navegara sin reunir las condiciones.

La respuesta a Llamazares especifica que "la acción se encuentra actualmente en sede de apelación ante la Corte de Apelación de Nueva Cork. Dicha apelación resolverá el recurso del Estado español contra la resolución de 2 de enero de 2008 del Juzgado de Distrito Sur de Nueva Cork por la que se inhibe del conocimiento del asunto, por entender que los tribunales de Estados Unidos no son competentes para conocer de esta reclamación. Esta resolución no es una sentencia sobre el fondo de la cuestión".

Ante el elevado coste del procedimiento judicial seguido en Norteamérica, el Gobierno considera que "hay que destacar, por otra parte, que muchos de los informes y peritajes realizados a raíz del litigio que se sigue en EE.UU. se utilizan también en la defensa jurídica del Estado español frente a las acciones ejercitadas contra el mismo en Corcubión (La Coruña) y Rochefort (Francia). El proceso de Rochefort concluyó definitivamente por sentencia de 15 de mayo de 2008, totalmente favorable al Estado español.

Por otro lado, en la misma respuesta, el Ejecutivo reitera que la catástrofe natural que supuso, el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas, "ocasionó un gasto para el Estado español que asciende a más de 711 millones de euros (1.000 millones de dólares), debido al coste de las labores de descontaminación y demás daños causados".