El nueva reforma de la Ley de Extranjería limita la reagrupación de los ascendientes, ya que sólo podrán venir a España los mayores de 65 años y si su familiar reside en el país desde hace cinco años, y además eleva las sanciones en la materia. La reforma amplía de 40 a 60 días el periodo de internamiento. El Consejo de Ministros estudió ayer el informe de la futura reforma de la ley, la cuarta en ocho años, que incorporará distintas directivas europeas y sentencias del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, presentaron la reforma tras el Consejo de Ministros.
En el capítulo de la reagrupación familiar de los extranjeros, el texto propone más rigurosidad en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda con que cuenta el reagrupante, otorgar desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados en edad laboral, la reagrupación de menores en edad escolar debe ser conocida con antelación por las autoridades educativas y será posible reunir, en las mismas condiciones que un matrimonio, a la pareja de hecho.
La petición de traer a España a los ascendientes sólo se realizará cuando el reagrupante alcance la residencia de larga duración, el reagrupado tenga más de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia.
Se establecen, asimismo, nuevas infracciones e incremento de las sanciones para evitar el "sobreempadronamiento" de viviendas o el tráfico de falsos empadronamientos para obtener beneficios como el acceso a la sanidad y educación pública. Castiga, además, los matrimonios fraudulentos y quienes promuevan la estancia irregular de sus familias.
La reforma propone aumentar las multas. Las leves tendrán un máximo de 500 euros, las graves 10.000 y las muy graves podrán llegar hasta los 100.000.
Fija nuevas multas para quienes insten la autorización de un extranjero pero luego no lo contraten y para quienes simulen una relación laboral.
Por otro lado, eleva los actuales plazos en los centros de internamiento. Según el Gobierno, los plazos actuales de internamiento no son suficientes a veces para acometer ciertas expulsiones, La UE estableció recientemente plazos de internamiento máximos de 18 meses.
En cuanto a la integración social, el texto prevé medidas específicas para favorecer el aprendizaje del castellano y demás leguas co-oficiales, la escolorización de los menores y el acceso al empleo como factores especiales de integración.
